TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP), presentó un requerimiento fiscal contra una presunta red de corrupción que operó en el Programa de Asignación Familiar (PRAF), por el desvío de 96.9 millones de lempiras destinados a la capacitación de jóvenes y mujeres en condiciones vulnerables.
De acuerdo con las investigaciones esta supuesta red criminal operó entre 2010 y 2014, entre los acusados se encuentran el exgerente administrativo, Ángel Paz Alvarenga; exjefe del Bono Juvenil, Raúl Salgado Zelaya y la exjefa del Programa DiMujer, Sandra Solano Aguirre.
También, otras 37 personas entre ellos exempleados de la institución, representantes de empresas y Oenegés son acusados de fraude, falsificación de documentos públicos y violación a los deberes de los funcionarios.
Según las investigaciones estas personas se habrían confabulado para defraudar al pueblo hondureño a través de 596 contratos provenientes de los programas: Bono Juvenil y el programa DiMujer, los cuales estaban diseñados para capacitar a jóvenes y mujeres en extrema pobreza.
La Fiscalía sostuvo que dicho esquema de corrupción incluyó la adjudicación directa de contratos a empresas y oenegés sin capacidad técnica, utilizando empresas de relleno y fragmentando las contrataciones para evadir los procesos de licitación.
El MP subrayó que existió una colusión entre los imputados quienes justificaron con informes falsos capacitaciones que nunca se realizaron, mientras que las pocas efectuadas se llevaron a cabo en condiciones deficientes y además fabricar un expediente para que se ejecutará el pago total de los contratos.
Los imputados no solo causaron un desfalco millonario en el país, sino que también afectaron a muchos jóvenes y mujeres al privarlas de oportunidades para desarrollar sus capacidades técnicas para emprender su propio negocio.2
