TEGUCIGALPA, Honduras
La Policía Nacional informó que, en cumplimiento a su mandato constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y el derecho a la libre circulación se aplicarán medidas para prevenir y neutralizar bloqueo de carreteras que afecten el derecho a la movilidad y la economía del país.
El comunicado señaló que, ante la información recabada sobre planes para la paralización de las principales carreteras hacia el norte del país y la región oriental, se han dispuesto medidas preventivas y de documentación mediante registros fotográficos y audiovisuales para la debida identificación de los responsables de estas acciones, a fin de deducir las responsabilidades conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.
Asimismo, enfatizó que el ejercicio del derecho a la manifestación debe desarrollarse en el marco de la legalidad y en el respeto irrestricto a los derechos humanos de los demás ciudadanos y extranjeros en el país.
La libertad de expresión y reunión no puede interpretarse como una licencia para vulnerar el derecho fundamental a la movilidad, ni para afectar el orden público y la economía nacional, aseveró.
En los casos en que se identifique la participación de individuos en la comisión de actos que constituyen ilícitos penales, y en caso de no ser posible su detención en flagrancia, se procederá a la solicitud de las respectivas órdenes de captura ante las instancias judiciales competentes, conforme al procedimiento establecido en el Código Penal y en el Código Procesal Penal.
La Policía reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos, el estricto cumplimiento de la normativa legal y la aplicación de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad y temporalidad en el uso de la fuerza, conforme al Manual del Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
Concluyó que garantizará que todas sus acciones se desarrollen en observancia de los principios democráticos y del Estado de derecho asegurando la paz y la estabilidad social del país.
Sin embargo, para algunos actores de la sociedad esta decisión es contradictoria, ya que el partido de gobierno utilizó la protesta como herramienta para llegar al poder y ahora busca que la justicia criminalice a quien intente protestar.
De acuerdo con la dirigente garífuna, Miriam Miranda aseguró que “ni con la narcodictadura se amenazó abiertamente a la población, de elaborar perfiles mediante registros fotográficos y audiovisuales ¿Qué les pasa? ¿Por qué el miedo a que la gente se movilice para reclamar sus derechos? Definitivamente la cosa no va para bien, esto es gravísimo”.
Por su parte la diputada nacionalista, Merary Díaz Molina expresó que “protestar es un derecho que defenderemos como pueblo; no será el régimen de Xiomara Castro, la Policía ni el titular de Seguridad, Gustavo Sánchez quien lo negará y violará. El pueblo hondureño no es el pueblo de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Defenderemos nuestra libertad”.
Asimismo, el diputado Mauricio Rivera advirtió que el gobierno de las calles se convierte en un gobierno represor, “la Policía Nacional tomará acciones y encarcelará a quienes protesten pacíficamente. El tiempo nos sigue dando la razón, hemos tomado la decisión correcta al renunciar al partido del nepotismo”.
