TEGUCIGALPA, Honduras
El fiscal general, Johel Zelaya, firmó un convenio con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (Setrass), con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y agilizar las investigaciones relacionados con la muerte de sindicalistas.
El titular de la Secretaría de Trabajo, Wilmer Javier Fernández anunció que la firma de este convenio es con el objetivo de combatir la violencia contra sindicalistas en Honduras, por lo cual es un paso histórico hacia la protección de los derechos laborales.
A través de estas acciones el gobierno busca sentar un precedente en la defensa de los derechos de los trabajadores organizados y avanzar hacia un entorno laboral más seguro y respetuoso de las garantías fundamentales.
Por medio de este convenio se busca garantizar justicia para los líderes sindicales quienes han sido asesinados y prevenir futuros actos de violencia antisindical y a su vez reafirma el compromiso del Estado con la justicia, la libertad sindical y el respeto de los derechos laborales.
Esta iniciativa surge como parte del trabajo de la Comisión Contra la Violencia Sindical, la cual está activa para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Zelaya declaró que “decidimos firmar un convenio para fortalecer el desarrollo de labores conjuntas en la persecución penal de delitos contra miembros de los movimientos sindicales”.
“El Ministerio Público (MP), tiene una unidad y en esa unidad están ustedes, creo que a esa unidad le ha faltado visibilidad y mostrarles a ustedes que hay una unidad especial que depende de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida que ve estos temas relacionados con sindicalismo”, enfatizó Zelaya.
Por su parte, Fernández declaró que “ambas instituciones están asumiendo responsabilidades a fin de cumplir acuerdos que son tripartitos y estatales, en 2019 se firmó un acuerdo tripartito de investigación de caso de homicidio y de violencia a dirigentes sindicalistas, nosotros le estamos dando cumplimiento a esos acuerdos”.
Asimismo, indicó que “hoy con la suscripción de este convenio podemos considerar que es un avance certero para garantizar la investigación y combatir la impunidad que ha existido. Hay casos que llevan más de una década y todavía no se presentan requerimientos fiscales”.
Fernández, concluyó que para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro garantizar el acceso a la justicia para los trabajadores organizados es una prioridad fundamental, “la firma de este convenio reafirma nuestro incuestionable y efectivo compromiso con ellos”.
