TEGUCIGALPA, Honduras
La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que desde 1999 ha protegido a cerca de 72 mil hondureños y cuatro mil nicaragüenses frente a la deportación.
La medida, que entrará en vigor 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal prevista para este martes pone en riesgo el estatus legal de miles de migrantes que han vivido décadas en ese país.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), justificaron la decisión argumentando que ambos países ya no cumplen con los criterios para mantener esta designación.
El TPS fue concedido originalmente tras el huracán Mitch en octubre de 1998, que dejó más de 11 mil muertos en la región principalmente en Honduras y Nicaragua.
Desde entonces, según el DHS ambos países han registrado avances significativos en infraestructura, con acceso a servicios básicos e inversión extranjera que permitirían un retorno seguro de sus ciudadanos.
Entre los indicadores citados están: 95.7% de la población con acceso a agua potable, 83.8% con saneamiento básico, 93.2% con electricidad, mil 800 millones de dólares en inversión extranjera directa entre 2023 y 2024, nuevos proyectos de infraestructura urbana, 18 municipios con planes de gestión de riesgo y 38 ciudades que mejoraron su habitabilidad beneficiando a 1.3 millones de personas.
El canciller Javier Bu Soto lamentó la medida y reafirmó el compromiso del gobierno con los compatriotas afectados.
“Desde el gobierno reiteramos nuestro compromiso de velar por los derechos de nuestros compatriotas en el exterior, acompañarlos en este proceso y continuar abogando por soluciones permanentes que reconozcan su invaluable aporte”, dijo.
No obstante, la oposición política ha expresado duras críticas hacia el gobierno por lo que consideran una postura tibia o cómplice, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomas Zambrano calificó la cancelación del TPS como una decisión injusta, “ignora realidades humanas y expone a nuestras familias a riesgo de deportación. No se trata de política, se trata de vidas, urge una solución permanente y digna”.
Además, denunció que “en lugar de defender a su gente, el gobierno de Libre se alinea con gobiernos socialistas que confrontan a EE. UU., alejándose de nuestros aliados históricos. ¡Basta de indiferencia y servilismo ideológico!”.
En esa misma línea el candidato a la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya afirmó: “el gobierno de Mel Zelaya y su familia fracasó en casa y ahora también fracasó afuera. El fin del TPS es el reflejo de la cadena de fracasos”.
Señaló que “sus posturas antiestadounidenses, el intento de eliminar la extradición y las tensiones diplomáticas con nuestro principal aliado han debilitado las relaciones bilaterales. Hoy, miles de hondureños pagan el precio”.
La cancelación del TPS afectará a un amplio grupo de la comunidad migrante, especialmente en estados como Florida donde vive cerca de un tercio de los beneficiarios.
Se espera que en los próximos días se brinde detalles sobre los mecanismos de salida de asistencia para los hondureños amparados bajo el TPS, mientras organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos hacen un llamado a buscar una solución legislativa permanente en el Congreso estadounidense.
