TEGUCIGALPA, Honduras
La presidenta Xiomara Castro reaccionó ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS), para los hondureños y aseguró que la medida representa un duro golpe para miles de familias migrantes, pero garantizó el respaldo institucional a los connacionales afectados.
“La cancelación del TPS es resultado de una estrategia anunciada por EE.UU., en el marco de su campaña política, y representa un duro golpe para nuestros migrantes hondureños. A ellos les digo con firmeza: no están solos”, manifestó la mandataria a través de sus redes sociales.
En ese sentido, informó que ha girado instrucciones a la Cancillería para intensificar el trabajo diplomático y legal a favor de los hondureños amparados bajo este programa migratorio.
“He instruido nuestra Cancillería utilizar todos los recursos que permite la ley y a redoblar el apoyo consular y jurídico para proteger sus derechos. El gobierno de Honduras los abraza, donde quiera que se encuentren”, afirmó.
Además, la jefa del Ejecutivo adelantó que su administración mantendrá un canal abierto de comunicación con el gobierno estadounidense, apelando al respeto mutuo, los tratados internacionales y la búsqueda de una solución humanitaria.
“Vamos a mantener un diálogo abierto y franco con EE.UU., buscando una salida humana, con el fin de evitar una expulsión masiva, y apelando al interés mutuo de preservar una relación estrecha y la vigencia de los diferentes tratados internacionales”, concluyó.
El TPS ha sido un alivio migratorio vital para más de 70 mil hondureños desde su aprobación en 1999, tras el paso del huracán Mitch. Aunque su vigencia ha sido extendida en múltiples ocasiones, en esta ocasión el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), confirmó su cancelación como parte de una revisión de políticas migratorias en medio del actual contexto electoral en ese país.
Se espera que en los próximos días, tanto el canciller Javier Bu Soto como las autoridades consulares, brinden más detalles sobre el plan de acción para atender legal y humanamente a los compatriotas afectados.
