TEGUCIGALPA, Honduras
A tan solo horas de que venza el plazo legal para adjudicar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), la consejera presidenta del Consejo Nacional electoral (CNE), Cossette López, envió al Pleno un borrador de proyecto de decreto con el que busca obtener una prórroga para continuar con las contrataciones técnicas necesarias para las elecciones generales.
Esta acción ha generado incomodidad en círculos políticos y ha encendido las alarmas dentro del propio CNE, donde los otros dos consejeros propietarios, Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, aún no se han pronunciado oficialmente.
La falta de consenso interno pone en evidencia las tensiones políticas que atraviesa el órgano electoral, cuyas decisiones podrían marcar el rumbo del próximo proceso.
En su propuesta, López solicita que se habilite legalmente la contratación directa del TREP, así como de otros insumos logísticos, argumentando que el tiempo y los requisitos de licitación hacen inviable cumplir con los plazos. Su mensaje al Pleno es claro: sin esta prórroga, está en riesgo la transparencia y viabilidad de las elecciones.
Ante esta situación, el plazo para adjudicar el TREP, establecido en el artículo 278 de la Ley Electoral, vence este 29 de julio.
La falta de pronunciamiento por parte de Hall y Ochoa ha generado incertidumbre y podría forzar al Congreso Nacional (CN), a intervenir de urgencia para evitar un vacío legal que comprometa la organización de las elecciones.
El silencio de Hall y Ochoa también abre la puerta a interpretaciones políticas. En especial, la postura de Ochoa —representante del oficialismo— es observada con atención, ya que su apoyo o rechazo podría revelar fracturas dentro de la misma alianza de gobierno.
Mientras tanto, en el Congreso ya se preparan para discutir la posible prórroga. Aunque no hay una solicitud formal aún, algunos sectores del legislativo se muestran abiertos a autorizar la ampliación, consciente de que el artículo 278 de la Ley Electoral fija como plazo máximo el 29 de julio para adjudicar el sistema.
La presión sobre el órgano electoral crece y, con ella, el riesgo de que el proceso electoral arranque bajo sospechas. Si no se logra un acuerdo rápido, el CNE podría enfrentar no solo una crisis administrativa, sino una crisis de legitimidad política Que impactaría directamente en la confianza ciudadana.
