TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra una red de exfuncionarios, abogados, jueces y un actual diputado del Congreso Nacional acusado de saquear más de tres mil millones de lempiras del Estado hondureño mediante demandas ilegales y procesos arbitrales irregulares.
Entre los señalados se encuentra Nelson Javier Márquez Euceda, actual diputado y subjefe de bancada del Partido Nacional, quien fue detenido por su presunta participación directa en el fraude.
Según el comunicado, Márquez —en su rol como exsecretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas)— firmó en 2020 un informe legal dirigido a la Procuraduría General de la República, en el que recomendaba un acuerdo ejecutivo para evitar una supuesta erogación mayor, pese a saber que la demanda no tenía validez legal.
La acusación forma parte de una investigación desarrollada por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), con apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia (Fetccop), la cual señala que durante más de dos décadas se utilizó un laudo arbitral irregular, basado en un contrato inexistente, para justificar pagos millonarios desde el Estado a favor de la Empresa Nacional de Ingenieros (NAINSA), y de la firma extranjera DRC Inc.
La red, según el MP funcionó a través de falsificación de documentos, simulación de contratos y manipulación de procesos arbitrales, en lo que también están involucrados otros exfuncionarios como Lidia Estela Cardona (exprocuradora general), Vicenta Doblado (excoordinadora general del gobierno), así como jueces y abogados que admitieron demandas a pesar de que el laudo había sido declarado nulo desde 2009.
En el caso de Márquez, el MP lo vincula directamente a la suscripción de un convenio extrajudicial con NAINSA, donde se reconocieron pagos millonarios sin base legal, al margen de los procesos judiciales en curso.
Dicha acción, lejos de evitar pérdidas al Estado, generó nuevas demandas de ejecución forzosa, dando continuidad al esquema de fraude.
Además de Márquez, se emitieron órdenes de captura contra al menos una docena de personas señaladas como responsables del perjuicio económico al Estado.
La fiscalía confirmó que parte de los fondos desviados fueron depositados en cuentas personales de los implicados y sus familiares, los cuales también fueron utilizados para pagar hipotecas o transferencias directas.
Este nuevo caso evidencia un esquema sostenido de corrupción en el que se utilizaron las instituciones del Estado para legitimar una operación fraudulenta que se prolongó por más de 20 años.
