TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que ninguna institución del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE), puede considerarse exenta de ser investigada o procesada por el Ministerio Público (MP).
A través de un pronunciamiento, Redondo defendió el principio de legalidad y recordó que el ordenamiento jurídico hondureño no otorga inmunidad absoluta a ninguna autoridad electoral.
“En ningún artículo de la Constitución de la República, ni en alguna ley de nuestro ordenamiento jurídico, se establece que una institución autónoma e independiente —como lo es el CNE— esté exenta de ser investigada, requerida, procesada o enjuiciada por el MP en caso de la comisión de delitos”, expresó el titular del Legislativo.
Redondo también cuestionó que se pretenda presentar al CNE como un ente inalcanzable por la justicia y señaló que sus consejeros no pueden actuar “arbitrariamente, como deseen y cuando deseen, al margen de la ley”, por lo que advirtió que cualquier acción que implique la usurpación de funciones o poderes ajenos a su mandato constitucional podría acarrear responsabilidades penales o administrativas.
También, comparó esta situación con la intención del bipartidismo —en referencia al Partido Nacional y Liberal— de crear las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), las cuales según dijo, pretendían establecer “territorios donde no llegara la justicia, ni la extradición”, al margen del Estado de Derecho, “todo eso está expresamente prohibido en nuestra Constitución”, recalcó.
Asimismo, recordó que todos los funcionarios públicos electos, incluyendo los consejeros del CNE, están obligados a rendir promesa de ley ante el Legislativo, conforme al artículo 322 de la Constitución, el cual establece que deben ser fieles a la República y cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes.
“Esto significa que ningún funcionario está exento de esta obligación, sin importar si pertenece a una institución autónoma, descentralizada o de rango constitucional”, puntualizó.
Finalmente, afirmó que una investigación contra el CNE no representa una amenaza para la democracia, sino que, por el contrario, tiene fundamento legal y busca proteger el Estado de Derecho.
“Nuestra Constitución establece límites claros en los poderes del Estado y a todas las instituciones autónomas. Eso es precisamente lo que no se le dice al pueblo hondureño cuando se cuestiona el accionar del MP”, concluyó haciendo un llamado a rechazar la impunidad.
