TEGUCIGALPA, Honduras
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) obtuvo auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra 10 personas involucradas en el desfalco de 45.5 millones de lempiras de la alcaldía de San Pedro Sula, a través de 33 contratos fraudulentos suscritos con la empresa constructora Hercod S. de R.L.
Entre los imputados se encuentran los representantes de Hercod, Luis Fernando Hernández Portillo y Olga Estela Ávila Ortega, así como representantes de otras empresas involucradas en la conclusión: Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales.
También fueron procesado ex y actuales funcionarios de la gerencia de Infraestructura y Finanzas de la municipalidad, entre ellos Osman David Chávez, Dennis Jamil Paz Martínez, Alejandra Amaya Barnica, Marlen Karina Mena Gómez, Javier Delgadillo y Walter Manuel Cartagena Villagra.
Las investigaciones revelan que los empleados municipales y los representantes legales planificaron adjudicar los contratos a Hercod, mientras que otras sociedades sólo figuraban como relleno, ya que carecían de personal y equipo técnico para ejecutar los proyectos. Algunas incluso estaban registradas en domicilios particulares, negocios de venta de pollos o edificios de construcción.
Entre la evidencia presentada destaca que Hercod no contaba ni con maquinaria ni con personal suficiente; en las planillas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) solo figuraba su representante legal.
Además, los contratos indicaban la reparación de 160 kilómetros de carretera, cuando en realidad solo se ejecutaron alrededor de 35 kilómetros beneficiando de manera indebida a los imputados.
Asimismo, se comprobó que los pagos a Hercod se realizaron sin informe de avances ni finalización de obras. Los fondos fueron transferidos desde la cuenta de dicha compañía a cuentas personales de los representantes legales, y posteriormente más de 4.9 millones de lempiras llegaron a familiares de funcionarios municipales, ocultando su origen ilícito.
La UNAF sostiene que los imputados deberán responder por delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude continuado, lavado de activos y tráfico de influencias, mientras continúan las investigaciones para determinar posible implicaciones de terceros en esta red de corrupción.
