MP solicitan antejuicio contra dos magistrados del TJE por presunto prevaricato judicial

Redacción El Pulso4 noviembre, 2025

TEGUCIGALPA, Honduras 

El Ministerio Público a través de la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE), presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con a Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, a quienes acusa de haber cometido el delito de prevaricato judicial.

De acuerdo con el comunicado oficial, los magistrados emitieron resoluciones contrarias a la ley sin la participación de del tercer miembro propietario del Pleno, al ordenar al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados. Según el MP, esta decisión se adoptó de forma irregular sin cumplir los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica  Procesal Electoral.

El MP argumentó que el TJE resolvió una recusación interpuesta por un ciudadano cuestionando la imparcialidad de uno de los magistrados, pero en lugar de seguir el procedimiento de formación de una pieza separada y la convocatoria de un magistrado suplente, los magistrados resolvieron por cuenta propia, “sin conformar el quórum conforme a la ley”.

El comunicado detalló que el 27 de octubre anterior ambos magistrados resolvieron recursos de apelación en contravención a la normativa, tomando decisiones sin la presencia del tercer magistrado propietario ni del suplente.

Además, el 28 de octubre dictaron sentencia definitiva declarando con lugar los recursos y ordenando la inscripción inmediata de los ciudadanos como candidatos, pese a que el TJE no estaba debidamente integrado.

Por estas razones el MP consideró que los magistrados incurrieron en el delito de prevaricato judicial, al haber actuado de manera ilegal, al margen del procedimiento establecido en la Constitución de 1982 y la Ley Electoral.

El organismo fiscal solicitó a la CSJ admitir el antejuicio para que los funcionarios puedan ser procesados ante el juez natural competente y aseguró que su actuación busca “garantizar el respeto al orden legal y transparencia en los procesos electorales”.

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