(Por: Edgardo Mejía) Enero culmina con un contexto geopolítico centroamericano definido por la cooperación internacional y los desafíos de la administración de justicia, particularmente en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Panamá se ha convertido en el epicentro de este escenario, donde el juicio por el caso Odebrecht continúa captando la atención regional.
Tras años de retrasos y reprogramaciones, la jueza Baloísa Marquínez ha retomado la fase de admisión de pruebas extraordinarias en el proceso penal por blanqueo de capitales y actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña, con posibles repercusiones para exfuncionarios y empresarios involucrados.
La investigación de Odebrecht en Panamá se remonta a 2015, fue archivada y reabierta en 2017 después de que la empresa reconociera ante tribunales de Estados Unidos el pago de sobornos en más de una decena de países, incluido Panamá. El juicio ha enfrentado múltiples suspensiones y debate técnico sobre la admisión de evidencias, en medio de objeciones tanto de la fiscalía como de las defensas.
Mientras Panamá coopera en la lucha contra la corrupción internacional, Costa Rica ha optado por abrir su mercado en respuesta a presiones comerciales. Tras reclamos de Estados Unidos, Costa Rica autorizó en menos de ocho meses la operación de 43 nuevas plantas procesadoras de productos lácteos provenientes del país norteamericano, medida que las autoridades locales defendieron como necesaria para garantizar la competitividad comercial.
En Nicaragua, la copresidenta de facto generó esta semana un incidente diplomático al expresar su malestar por lo que calificó como la “huida” de la esposa y el cuñado del exasesor económico Bayardo Arce, citado por la Procuraduría. Arce, quien fuera una figura influyente en el régimen de Daniel Ortega durante décadas, se encuentra actualmente privado de libertad. Fuentes confiables sostienen, sin embargo, que los dos presuntos fugitivos fueron en realidad desterrados del país.
Honduras tampoco ha estado exenta de atención internacional. El reciente informe de Global Statistics ubicó a San Pedro Sula como la ciudad más peligrosa del mundo en 2026, seguida por Caracas (Venezuela) y Tegucigalpa (Honduras). Damasco y Ciudad de Guatemala completan las primeras posiciones de este preocupante ranking, que sitúa a varias capitales centroamericanas en los primeros puestos del listado.
En El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa para exonerar de impuestos una donación de atún proveniente de la empresa Eurofish, destinada a programas sociales del Gobierno. Esta medida fue presentada como un logro significativo en política exterior y diplomacia económica, al fortalecer las relaciones comerciales y el apoyo humanitario.
Finalmente, Guatemala cerró la semana con malas noticias: un informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) señaló que ese país figura entre los cinco con más arrestos de inmigrantes latinos sin antecedentes penales en Estados Unidos. Desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump, las detenciones de inmigrantes sin historial criminal se han multiplicado, con aumentos especialmente significativos entre ciudadanos hondureños, guatemaltecos, venezolanos y otros latinoamericanos, según el documento académico.
