TEGUCIGALPA, Honduras
La designada presidencial, María Antonieta Mejía, reveló una serie de irregularidades financieras y administrativas que, fueron heredadas de la administración saliente, entre las que sobresalen aumentos salariales desproporcionados, dobles pagos, millonarias indemnizaciones y una Caja Única del Tesoro «prácticamente vacía».
En ese sentido, la designada detalló que durante el período anterior se autorizaron incrementos salariales que pasaron, en algunos casos, de 25 mil a 70 mil lempiras, además de pagos duplicados y desembolsos de indemnizaciones, pese a que públicamente se había asegurado que estas no se reconocerían. «Es una grosería lo que hicieron», expresó con severidad.
Seguidamente, indicó que muchos pagos de indemnización ya se encontraban cargados en la Secretaría de Finanzas, listos para ser acreditados en cuentas particulares, pero fueron detenidos a tiempo. Al mismo tiempo, señaló que en el alquiler de vehículos se destinaban alrededor de mil 400 millones de lempiras mensuales, un gasto que calificó de desmedido.
Otro de los hallazgos mencionados fue que, en el canal estatal, aparecen contratados más de mil 600 empleados, pese a que no se logró constatar su presencia física. “En un canal tan pequeño, solo para que se hagan una idea de lo abusivo que fue el gobierno anterior en algunos temas”, subrayó.
Mejía, agregó que existen salarios pendientes para estudiantes de medicina, médicos, enfermeras y maestros, así como pagos atrasados a proveedores, situación que evidencia la gravedad de la crisis heredada.
“No se le ha pagado absolutamente a nadie; lo que hicieron fue recetarse con la cuchara grande, aumentarse salarios en diciembre y enero y realizar pillerías con el dinero, dejando seriamente deteriorada la Caja Única del Tesoro”, enfatizó.
Además, la designada presidencial resumió que el país enfrenta problemas generalizados en infraestructura, energía, salud y transferencias a los gobiernos locales, todos dependientes de recursos económicos que, «dejaron casi en las latas». Aseguró que estas irregularidades serán demostradas conforme avancen las auditorías.
Mejía describió la Caja Única como “vacía, escurrida y exprimida”, y agregó que el actual gobierno realiza gestiones para obtener los códigos de acceso a los sistemas estatales, los cuales tampoco fueron entregados por la administración anterior.
Finalmente, aclaró que el Ejecutivo no se niega a pagar a los empleados públicos con salarios atrasados, sino que está obligado a cumplir los procesos formales y legales, dadas las condiciones en que se recibió el Estado.
