(Por: Ismael Zepeda*) El Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, ajustado a un monto de L 444,265 millones, se inscribe en una tendencia de crecimiento sostenido del gasto público observada en los últimos años. Este comportamiento adquiere especial relevancia cuando se compara con el presupuesto de 2022 (en su versión modificada, más de L 70 mil millones con respecto al aprobado 2021, es decir, L 288,871 millones y L360,500 millones en abril 2022), que ya representaba un punto de expansión importante dentro del ciclo fiscal reciente, el Gobierno anterior da un «salto» significativo de alza sin análisis de espacios fiscales.
A partir de entonces, el presupuesto ha continuado incrementándose de manera progresiva, consolidando una trayectoria ascendente que, para 2026, se traduce en un crecimiento nominal del 3% respecto a 2025 (presupuesto aprobado). No obstante, este crecimiento cuantitativo no necesariamente refleja una mejora en la calidad del gasto público ni en la capacidad del Estado para incidir de manera efectiva sobre los principales problemas estructurales del país.
Desde una perspectiva estructural, el presupuesto hondureño continúa evidenciando profundas limitaciones en su diseño y ejecución, lo que explica su baja efectividad para atender problemáticas persistentes como la pobreza, la desigualdad y la baja productividad. Un elemento central es la elevada rigidez presupuestaria, ya que aproximadamente el 60% del gasto se encuentra previamente comprometido en obligaciones ineludibles como el pago de salarios y el servicio de la deuda pública, esta condición restringe significativamente el margen disponible para la implementación de políticas públicas innovadoras o transformadoras, perpetuando un esquema de asignación inercial que reproduce las mismas prioridades año tras año.
En este contexto, la estructura del gasto revela una clara orientación hacia el sostenimiento del aparato estatal y el cumplimiento de compromisos financieros, en detrimento de sectores estratégicos para el desarrollo. El servicio de la deuda absorbe alrededor en varios años del 25% del presupuesto, mientras que la masa salarial alcanza el 32% de maneral general en la ultima década, lo que en conjunto limita la disponibilidad de recursos para inversión pública de impacto.
Asimismo, la asignación sectorial presenta distorsiones relevantes, como el hecho de que el gasto en defensa y seguridad supere al destinado a salud, o que los servicios públicos generales concentren aproximadamente cerca del 35% del total presupuestario aproximadamente, características evidencian una estructura de gasto que prioriza el funcionamiento administrativo del Estado por encima de la provisión de bienes públicos esenciales.
A nivel de ingresos, el presupuesto ha mantenido una estructura tributaria regresiva que contribuye a profundizar las desigualdades existentes. La recaudación se sustenta principalmente en impuestos indirectos, particularmente el impuesto sobre ventas, que representa el 45% de los ingresos tributarios, frente a un 30% aproximadamente proveniente del impuesto sobre la renta, composición implica que la carga fiscal recae proporcionalmente en mayor medida sobre los sectores de menores ingresos, limitando el potencial redistributivo de la política fiscal y reduciendo su capacidad para corregir desequilibrios sociales.
En términos de financiamiento, el presupuesto refleja una continuidad en el modelo fiscal, basado predominantemente en ingresos tributarios (65% aproximadamente) y en una combinación de endeudamiento interno y externo. Sin embargo, se identifican riesgos importantes asociados a la sostenibilidad de esta estrategia, particularmente por la creciente presión del servicio de la deuda y la falta de claridad en algunas fuentes de financiamiento externo, donde una proporción significativa de los recursos proyectados no tiene un origen definido, situación introduce incertidumbre en la ejecución presupuestaria y podría generar ajustes durante el ejercicio fiscal.
Además, se observa una tendencia hacia la priorización de la inversión social sobre la inversión productiva, lo que, si bien puede tener efectos positivos en el corto plazo en términos de bienestar, no necesariamente contribuye a fortalecer las capacidades productivas del país ni a impulsar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo, que refuerza la idea de un presupuesto orientado más hacia la contención social que hacia la transformación estructural.
En síntesis, el Presupuesto 2026 posiblemente permite anticipar la continuidad de un modelo fiscal caracterizado por su rigidez, su limitada capacidad redistributiva y su escasa orientación estratégica hacia el desarrollo. A pesar de su magnitud histórica, el incremento del gasto no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad de las políticas públicas ni en la resolución de los problemas estructurales del país.
Por el contrario, se espera que persistan las mismas limitaciones que han caracterizado a presupuestos anteriores, consolidando un patrón en el que el Estado amplía su tamaño financiero sin lograr incrementar de manera proporcional su efectividad. Este escenario plantea la necesidad urgente de replantear tanto la estructura del ingreso como la del gasto público, con el fin de avanzar hacia un presupuesto más eficiente, equitativo y orientado al desarrollo sostenible.
