TEGUCIGALPA, Honduras
Los centros educativos públicos amanecieron este lunes sin actividades académicas, ya que la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH) cumplió su convocatoria a una jornada nacional de asambleas informativas y paro de brazos caídos, medida que se produce en medio de un prolongado diferendo con el Ejecutivo de Nasry Asfura por el incumplimiento del reajuste salarial aprobado en el Presupuesto General de 2026.
Según cifras de la propia federación, alrededor de 71 mil docentes del sistema público fueron convocados a suspender actividades desde las primeras horas de la mañana en centros educativos de los 18 departamentos del país.
En aquellas escuelas donde no existen filiales magisteriales organizadas, la dirigencia instruyó la conformación de comités de huelga para coordinar la jornada.
El origen del conflicto se remonta a principios de año. Desde enero, las bases del magisterio venían reclamando la aplicación de un incremento salarial que, según los dirigentes, no surgió de una negociación reciente sino de un compromiso oficial previamente asumido por las autoridades.
En febrero anterior, la Secretaría de Finanzas comunicó al gremio que no había partida presupuestaria para ese ajuste en 2026, lo que llevó a los colegios magisteriales a gestionar directamente ante el Congreso Nacional su inclusión en el presupuesto.
Tras meses de gestiones ante la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas y el Poder Legislativo, el incremento fue finalmente incorporado al presupuesto aprobado. Al respecto, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, confirmó en abril que el Presupuesto General contempla alrededor de tres mil 700 millones de lempiras adicionales para la Secretaría de Educación, fondos destinados a cubrir el reajuste salarial y otros beneficios.
Sin embargo, el dinero no se reflejó en las planillas de mayo, situación que la FOMH atribuyó a retrasos administrativos y dictámenes técnicos pendientes entre ambas secretarías.
«Se les dice que estén tranquilos, pero cuando revisan sus depósitos no encuentran ningún desembolso», expresó el dirigente de las bases del magisterio Gerardo Solano al explicar la razón de la movilización.
Ante la inminencia del paro, el presidente Nasry Asfura convocó el domingo a representantes de las bases magisteriales a Casa Presidencial para instalar una mesa nacional de diálogo.
El encuentro contó con la participación del secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, y el titular de Finanzas junto a Hércules y su equipo técnico.
El gobierno anunció que el diálogo avanzó con propuestas concretas y reiteró su disposición de continuar las negociaciones. Las partes acordaron que los detalles sobre montos y plazos de desembolso serían socializados primero con las bases docentes, antes de formalizar cualquier acuerdo.
No obstante, la instalación de la mesa no detuvo las asambleas. La dirigente magisterial Julia Yáñez fue enfática al respecto, en el sentido que «nos debemos a nuestras bases. Hemos construido un proceso de diálogo, pero no vamos a aceptar nada que perjudique al maestro».
Explicó que las asambleas del lunes tienen precisamente ese propósito: socializar los avances de la negociación con los docentes de todo el país y construir una posición colectiva antes de retornar a Casa Presidencial.
La FOMH también cuestionó la representatividad de algunos docentes que participaron en la reunión dominical, señalando que la interlocución legítima con el Gobierno corresponde a las organizaciones legalmente constituidas que integran la federación.
Más allá del reajuste salarial, los colegios magisteriales presentan una agenda de demandas que abarca varias dimensiones del sistema educativo público.
El punto central sigue siendo el pago retroactivo del incremento salarial desde enero de 2026, con la advertencia de que cada mes de retraso incrementa la deuda del Estado con los docentes. A esto se suma la exigencia de que el aumento no sea absorbido por descuentos de los propios colegios magisteriales, una práctica que el gremio busca prohibir expresamente.
En materia social, los maestros demandan mayor inversión en alimentación escolar y el fortalecimiento de los programas de merienda, especialmente en zonas rurales. También señalan el alza sostenida en el costo de los combustibles y de la canasta básica como un factor que deteriora el poder adquisitivo de los docentes, al igual que el del resto de la población.
Otro punto en la agenda es la restitución de maestros que fueron destituidos en años anteriores sin el debido proceso administrativo, algunos de cuyos casos acumulan más de cuatro años sin resolución. La dirigente Yáñez indicó que esperan avances concretos en este frente para el próximo 15 de junio.
Finalmente, el gremio exige mayor transparencia en el manejo de los recursos de las propias organizaciones magisteriales. Yáñez solicitó públicamente al Ministerio Público que investigue el uso de los fondos gremiales y llamó a un reordenamiento de los puestos y salarios dentro de la Secretaría de Educación.
La jornada de este lunes es el primer escalón de una estrategia de presión que la FOMH tiene prevista en etapas. Si el Gobierno no da respuestas concretas, los dirigentes han advertido que las acciones escalarán hacia tomas de carreteras, movilizaciones en distintas regiones y ocupaciones de instalaciones de la Secretaría de Educación y sus direcciones departamentales y municipales.
La titular de Educación, Arely Argueta, reconoció días atrás que el ajuste se aplicará de forma gradual y pidió paciencia al gremio mientras se reorganizan las finanzas del sistema educativo.
El Ejecutivo, por su parte, reiteró que el beneficio alcanzará a más de 60 mil docentes del sistema público, incluyendo maestros del programa Proheco, educadores comunitarios y docentes de zonas rurales y urbanas.
El calendario escolar, que ya acusa semanas de clases en horario reducido por el deterioro de la calidad del aire en varias regiones del país, enfrenta ahora la incertidumbre de una nueva paralización si las partes no alcanzan un acuerdo en los próximos días.
