TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente Nasry Asfura intensificó en los últimos días su llamado público al Congreso Nacional para que apruebe las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, advirtiendo que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa una amenaza directa para el presupuesto del Estado.
«Honduras no puede seguir así. Nos estamos desangrando con la ENEE», declaró el mandatario en distintas comparecencias ante los medios, reiterando el pedido desde Panamá, donde participa en la 56 Asamblea General de la OEA.
El gobierno de Asfura sostiene que la ENEE acumula pérdidas superiores a 100 mil millones de lempiras y que el sistema eléctrico genera un déficit anual de más de 16 mil millones de lempiras, cifra que equivale a más de la mitad del presupuesto de Salud.
Ante ese cuadro, el mandatario presentó formalmente al Congreso una reforma a la Ley del Subsector Eléctrico que propone dividir la ENEE en tres sociedades mercantiles independientes dedicadas a la Generación, Transmisión y Distribución de energía, manteniendo en todos los casos la propiedad y rectoría del Estado.
«La ENEE no se privatiza, se fortalece. Nuestro objetivo es construir una empresa más eficiente, transparente y capaz de brindar un servicio confiable a los hondureños», declaró Asfura al presentar la iniciativa.
Resaltó que la propuesta cuenta con el respaldo técnico del Banco Mundial, el BID, la CAF y el Fondo Monetario Internacional, y aseguró que su gobierno «no tiene nada que esconder ni una agenda oculta».
Asfura aprovechó además las comparecencias para responsabilizar a la administración anterior por la situación de la estatal.
«La administración anterior fue desastrosa totalmente, no solo en lo económico, sino que hizo quedar mal a #Honduras», afirmó, al tiempo que advirtió a los actores que promueven movilizaciones contra las reformas que su partido también tiene capacidad para responder en las calles.
El debate en el hemiciclo expuso una fractura tripartita entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional, que cuenta con 128 diputados y requiere al menos 65 votos para aprobar cualquier decreto.
La bancada del Partido Nacional, con el mayor número de escaños, manifestó un respaldo total e irrestricto al proyecto, alineada con el argumento del Ejecutivo de que la reforma es urgente e inevitable para salvar las finanzas de la estatal.
Por su lado, el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, respaldó esa postura ante el pleno durante el primer debate, defendiendo la propuesta y reafirmando que «la ENEE no se vende, la ENEE se rescata».
En una posición intermedia y determinante se ubicó la bancada del Partido Liberal, cuya postura se convirtió en el factor decisivo del proceso.
Los legisladores liberales acompañaron la socialización del proyecto, pero no firmaron el dictamen final, argumentando que recibieron el último borrador a las 7:50 de la noche anterior al debate y que el documento requería más análisis.
El diputado Rumy Bueso informó que la bancada sostuvo reuniones internas para definir su postura, con preocupaciones concretas: asegurar que los bienes de la ENEE permanezcan como propiedad pública y evitar cualquier proceso de privatización.
El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal fue explícito en ese sentido al emitir su comunicado oficial bajo la consigna «modernizar no significa privatizar», condicionando cualquier respaldo legislativo a la blindación total de los activos nacionales.
Posteriormente, el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, informó que se han alcanzado avances importantes de consenso con la bancada liberal, señalando que las discrepancias pendientes son «prácticamente temas de forma y no de fondo».
El Partido Libre, en el extremo opuesto, ratificó su voto en bloque en contra de la reforma desde el inicio del proceso. Sus diputados protagonizaron una insurrección dentro del hemiciclo durante el primer debate, interrumpiendo la sesión con consignas de rechazo y protagonizando el incidente en el que el diputado John Milton García lanzó una botella de agua hacia la junta directiva, lo que le valió una sanción de 15 días sin goce de sueldo.
El argumento central de Libre es que la división de la ENEE en tres sociedades mercantiles constituye un mecanismo para trasladar progresivamente el control de la empresa al sector privado. El diputado Ortega lo expresó sin ambigüedades: «Por más que quieran maquillarlo, al final es una privatización que la bancada de Libre no está dispuesta a acompañar.»
La dirigencia del partido instruyó a su militancia y colectivos en los 18 departamentos del país a declararse en asambleas permanentes, con el propósito de coordinar movilizaciones escalonadas hasta consolidar un paro nacional en defensa de la estatal.
La secretaria de coordinación nacional de Libre, Hortensia Zelaya, oficializó la convocatoria tras un encuentro de emergencia con líderes departamentales. La consigna que unifica la campaña es directa: «La ENEE no se vende, es patrimonio del pueblo hondureño.»
El Congreso Nacional aprobó la reforma en primer debate el 16 de junio. Con el receso constitucional en curso, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, anunció que convocará a sesiones extraordinarias entre finales de junio e inicios de julio para llevar la iniciativa al debate final.
La aprobación definitiva dependerá en gran medida de la postura que adopte la bancada liberal en ese momento, cuyo voto podría definir si la reforma más importante del sistema energético en décadas se convierte en ley o queda pendiente en el hemiciclo.
