TEGUCIGALPA, Honduras
El Partido Libertad y Refundación ratificó su oposición a las reformas al subsector eléctrico impulsadas por el gobierno del presidente Nasry Asfura, al considerar que la iniciativa constituye un proceso de privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sostuvo que las modificaciones propuestas, aunque presentadas por el gobierno como un proceso de modernización del marco legal e institucional del sector, terminarían trasladando áreas estratégicas al control privado.
Calificó la iniciativa como un cambio estructural de fondo que implicaría la pérdida del dominio público y de la soberanía del subsector eléctrico.
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la situación del Centro Nacional de Despacho, al que la dirigente describió como el eje operativo de todo el sistema eléctrico nacional, con responsabilidad sobre el despacho de generación, el control de cargas, la supervisión de voltajes y la compra de energía en el mercado regional.
Moncada aseguró que dicha entidad pasaría nuevamente a manos privadas, tal como ocurrió —según su versión— antes de la administración de Xiomara Castro.
También cuestionó los cambios propuestos en la integración de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, al señalar que el mecanismo de selección de sus miembros otorgaría mayor peso a la iniciativa privada en la toma de decisiones estratégicas.
Según describió, dos de los integrantes de la junta nominadora propuesta corresponderían a la empresa privada y uno al gobierno.
Otro punto observado fue el traslado de los mecanismos de resolución de conflictos a instancias de arbitraje vinculadas a la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, lo que, a juicio de Libre, podría generar conflictos de interés y reducir la participación de otras instancias en decisiones relacionadas con el sistema energético.
El partido también señaló modificaciones en los procedimientos de contratación, compras y licitaciones.
Moncada recordó que durante el gobierno anterior la energía eléctrica fue declarada un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, y que la Ley Especial de Energía aprobada en 2022 frenó, según su postura, un proceso de privatización que venía avanzando desde administraciones previas.
