TEGUCIGALPA, Honduras
El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, desestimó las críticas en torno al proyecto de reformas eléctricas y aseguró que la iniciativa no contempla la privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En ese contexto, sostuvo que «solo los tontos o quienes buscan generar conflicto» afirman lo contrario.
Las declaraciones del representante empresarial se producen en momentos en que el Congreso Nacional analiza el proyecto de ley, el cual podría ser sometido a su tercer debate en los próximos días.
Urtecho indicó que el sector privado se mantiene atento a las modificaciones que puedan incorporarse al dictamen, aunque insistió en la necesidad de que el país adopte una decisión definitiva sobre la iniciativa, ya sea mediante su aprobación o con los ajustes que se consideren pertinentes.
El dirigente empresarial enfatizó que el proyecto establece que las nuevas empresas que se crearían serían de propiedad totalmente estatal, por lo que, a su criterio, resulta infundado sostener que la reforma busca privatizar la ENEE.
«El proyecto no habla en ningún momento de privatización. Si las empresas serán totalmente estatales, no se entiende por qué se insiste en ese discurso», manifestó, al considerar que ese tipo de señalamientos únicamente genera incertidumbre entre la población.
En relación con la crisis energética, Urtecho advirtió que el principal problema no radica en el costo de la electricidad, sino en la falta de un suministro confiable, situación que, aseguró, golpea principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a miles de familias que dependen de actividades comerciales.
«El que tiene un refrigerador con productos para vender es el que pierde. Nunca piensan en la micro, pequeña y mediana empresa», expresó.
Finalmente, reconoció que Honduras continúa enfrentando desafíos en materia de seguridad jurídica y en la gestión del sistema energético.
No obstante, señaló que el Gobierno ha comenzado a adoptar medidas para enfrentar las invasiones de tierras, aunque subrayó que el fortalecimiento institucional también debe involucrar al Poder Judicial y al Ministerio Público para garantizar un clima de mayor estabilidad y confianza.
