TEGUCIGALPA, Honduras
El extitular del Ejecutivo Juan Orlando Hernández pretende volver a Honduras el próximo 31 de julio, luego de que su equipo legal presentara ante la Sala Constitucional del Poder Judicial una solicitud formal para revocar la orden de captura vigente en su contra.
Los apoderados de Hernández presentaron boletos aéreos como evidencia de la intención de su cliente de presentarse voluntariamente ante la justicia.
La gestión judicial se produce meses después de que Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, recibiera un indulto presidencial total e incondicional del gobernante estadounidense, Donald Trump, el pasado 1 de diciembre.
El beneficiado había sido condenado en junio de 2024 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por delitos de tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas. En abril pasado, su condena fue anulada formalmente.
El penalista Mario Cárdenas, representante legal de Hernández, presentó el escrito ante la Secretaría de la Presidencia del Poder Judicial.
La petición buscaba que los magistrados de la Sala Constitucional analicen y autoricen la figura de presentación voluntaria, contemplada en el Código Procesal Penal hondureño, que según la defensa debilitaría la justificación legal para mantener una orden de arresto cuando el imputado manifiesta disposición real de comparecer.
La estrategia de la defensa apunta no solo a la revocatoria de la orden de captura, sino también a la suspensión de cualquier restricción migratoria que impida el ingreso del exmandatario al territorio hondureño.
Cárdenas sostuvo que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, el juez está obligado a evaluar la conducta del imputado y su disposición a enfrentar el proceso, y que si se acredita la intención real de comparecer, la orden de captura pierde sustento jurídico.
La defensa espera una respuesta antes del inicio del período de receso vacacional del Poder Judicial, previsto para esta semana.
La orden de captura que la defensa busca suspender fue emitida en el marco del caso Pandora II. En octubre de 2023, el Ministerio Público formalizó cargos contra ocho exfuncionarios, entre ellos Hernández y el expresidente Porfirio Lobo Sosa, por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.
Según la acusación fiscal, el exmandatario se habría beneficiado de un esquema de desvío de fondos públicos a través de fundaciones y empresas vinculadas a proyectos sociales, recibiendo al menos 62 millones de lempiras para financiar actividades políticas mediante estructuras como Azules Unidos y Amigos de JOH.
En marzo de 2026, un juez natural ya había declarado sin lugar una solicitud previa de la defensa para revocar esa misma orden de captura, así como el recurso de reposición interpuesto posteriormente.
El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, confirmó en aquella ocasión que tanto la orden como la alerta internacional permanecían activas. La nueva petición presentada ante la Sala Constitucional representa un cambio de instancia y de estrategia procesal.
Desde su liberación, Hernández ha mantenido una presencia activa en redes sociales. En videos publicados en meses recientes aseguró que muy pronto volvería a su tierra y calificó los procesos judiciales en su contra como una persecución política. Tras el fallo de marzo que mantuvo vigente su orden de captura, publicó un mensaje en la red social X denunciando lo que describió como una persecución por motivos políticos.
No obstante, en una entrevista publicada en abril de 2026, el expresidente descartó un retorno inminente y negó cualquier intención de reinsertarse en la política activa, señalando que respetaría el nuevo liderazgo del Partido Nacional y el gobierno encabezado por Nasry Asfura.
La solicitud ante la CSJ presentada esta semana, acompañada de los boletos aéreos para el 31 de julio, marca un cambio de tono respecto a esas declaraciones. La frase nos veremos pronto, publicada por Hernández en días recientes, fue el antecedente que reavivó el debate sobre su regreso.
