TEGUCIGALPA, Honduras
El expresidente Porfirio Lobo afirmó que no tiene interés en mantener una relación personal con su también antecesor en el cargo, Juan Orlando Hernández, luego que este anunciara que pretende volver a Honduras a finales de julio próximo.
«En lo personal no es amigo mío, nunca vamos a ser amigos, jamás. Él le hizo mucho daño a mi familia», expresó Lobo en una amplia entrevista.
El exmandatario, quien gobernó Honduras entre 2010 y 2014, señaló que existen hechos del pasado que afectaron a su entorno familiar y que involucran directamente a Hernández.
Consideró además que el tema ha sido sobredimensionado en la conversación pública y que no contribuye al análisis político del país.
«Es un asunto que a mí, en lo personal, no me interesa», reiteró, al descartar cualquier intención de entrar en confrontaciones o discusiones públicas adicionales sobre el tema.
La tensión entre ambos expresidentes se remonta al asesinato de Said Lobo Bonilla, hijo de Porfirio Lobo Sosa, ocurrido en julio de 2022 junto a otros tres jóvenes.
La justicia ya dictó sentencias contra cuatro personas por su participación material en el crimen, pero el caso permaneció abierto en cuanto a la determinación de los autores intelectuales.
La confrontación pública entre ambos exmandatarios se reactivó en marzo de 2026, luego de que Lobo Sosa revelara que agentes federales de EE.UU. le informaron sobre el testimonio de un presunto integrante de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), identificado como Gerson Amir Cuadra Soto y conocido como el Fantasma, capturado en Nebraska en diciembre de 2025.
Según el expresidente, ese testimonio señalaría que la orden del asesinato de su hijo habría sido dada por Hernández.
Con base en esa información, Lobo Sosa se presentó el 11 de marzo anterior ante el Ministerio Público para interponer una denuncia formal y solicitar que se investigara la posible implicación de Hernández en el crimen.
«La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio. Yo no puedo dar fe de nada, por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar», declaró el exmandatario en esa ocasión.
Lobo Sosa también vinculó el crimen con presuntas amenazas que, según relató, había recibido su otro hijo, Fabio Lobo, condenado en 2017 a 288 meses de prisión en EE.UU. por delitos de narcotráfico tras declarar como testigo cooperante en procesos judiciales relacionados con Hernández.
«Lo amenazaron que si declaraba le iban a hacer daño a un pariente», afirmó el expresidente.
Los señalamientos de Lobo Sosa fueron rechazados de forma categórica por Hernández y su entorno familiar. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la familia Hernández García calificó como «absolutamente falso» cualquier vínculo del exmandatario con el asesinato de Said Lobo y sostuvo que las acusaciones forman parte de una campaña mediática dirigida a perjudicarlos.
En el mismo pronunciamiento, los familiares de Hernández solicitaron que el Ministerio Público recurra a mecanismos de cooperación judicial internacional para acceder al expediente del juicio que el exmandatario enfrentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde fue sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, antes de recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump en diciembre de 2025.
Lobo Sosa también se ha referido públicamente al indulto recibido por Hernández, distinguiendo esa figura legal de una declaración de inocencia.
«El indulto no es una declaración de inocencia; el indulto es un perdón y eso es un acto meramente del presidente, del Ejecutivo, no de los tribunales ni de los organismos de investigación», señaló el expresidente, quien sugirió que de haber buscado probar su inocencia, Hernández debió solicitar la repetición de su juicio.
La relación entre ambos exmandatarios, que en su momento compartieron filas dentro del Partido Nacional, ha estado marcada por tensiones que se remontan a años atrás.
Lobo Sosa ha cuestionado en distintas ocasiones el manejo de la extradición hacia EE.UU. durante el gobierno de Hernández, así como decisiones relacionadas con el control de pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el narcotráfico durante ese período.
La disputa entre ambas familias también se ha proyectado a la esfera judicial estadounidense.
En 2019, un testigo cooperante señaló ante una corte de Nueva York haber entregado dinero a las campañas políticas tanto de Hernández como de Lobo Sosa, señalamientos que el expresidente rechazó públicamente en ese momento, afirmando que nunca había sido «amigo, socio ni colaborador de ningún delincuente».
Posteriormente, en 2024, su hijo Fabio Lobo declaró como testigo de la fiscalía estadounidense durante el juicio que culminó con la condena de Hernández.
