TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional de Honduras entró este miércoles en su período de receso legislativo sin haber aprobado las reformas al subsector eléctrico, luego de que la bancada del Partido Liberal rechazara el dictamen en su redacción actual y solicitara un plazo adicional para presentar observaciones y una propuesta alternativa.
La decisión de retirar el tema de la agenda fue confirmada por el diputado del Partido Nacional, Mario Pérez, quien reconoció que por el momento no existen los 65 votos necesarios para respaldar la iniciativa en el pleno.
El debate sobre las reformas será retomado una vez que concluya el receso parlamentario, previsto para durar aproximadamente cuatro semanas.
Las sesiones ordinarias se reanudarían a partir del 24 de julio, aunque el secretario del Congreso, Carlos Ledezma, no descartó que el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, convoque a una sesión extraordinaria antes de esa fecha si los consensos entre bancadas logran consolidarse durante el receso.
Hasta la semana pasada, la bancada del Partido Liberal había participado activamente en las negociaciones con el oficialismo, con el diputado Mario Segura confirmando disposición de respaldo siempre y cuando la ENEE permaneciera bajo control estatal y las nuevas estructuras fueran dirigidas bajo criterios técnicos y no políticos.
Sin embargo, el martes, el jefe de bancada liberal, Jorge Cálix, formalizó al dictamen presentado y anunció que el partido presentará una propuesta legislativa alternativa.
En un pronunciamiento oficial, la bancada liberal señaló que el proyecto sometido al pleno del Congreso contiene sombras de duda que no permiten respaldarlo en su estado actual.
El documento establece que la reforma energética que Honduras necesita debe construirse mediante el diálogo, el consenso y la transparencia, y que el Partido Liberal no busca obstaculizar soluciones, sino contribuir a la construcción de un sistema eléctrico confiable, con tarifas razonables y reglas claras.
La iniciativa que el Partido Liberal anunció presentará como alternativa incluye cuatro ejes principales. El primero es el fortalecimiento del carácter público de la ENEE, con garantías explícitas que impidan cualquier forma de privatización, directa o indirecta.
El segundo es la implementación de tarifas justas con subsidios focalizados para proteger a los sectores más vulnerables de la población.
El tercer elemento es la realización de una auditoría forense independiente que permita sanear financieramente la estatal eléctrica y establecer con claridad el origen y la magnitud de su deuda histórica, que ronda los 120,500 millones de lempiras.
El cuarto eje contempla la modernización de la infraestructura energética con el objetivo de reducir pérdidas técnicas y no técnicas —que superan el 34 por ciento— mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia una matriz energética más diversificada y sostenible.
Desde el Partido Nacional, los diputados vinculados al proceso negociador insistieron en que la iniciativa del Poder Ejecutivo no contempla en ningún punto la privatización de la ENEE.
El diputado Mario Pérez afirmó que las diferencias que persisten entre las bancadas son de carácter técnico y legal, y mencionó específicamente las condiciones de la escisión de la empresa en tres subsidiarias —generación, transmisión y distribución— como uno de los aspectos que aún requiere mayor clarificación.
Ledezma, por su parte, reiteró que el Partido Nacional ya cuenta con el respaldo de sus 49 diputados y que el proceso de negociación con el Partido Liberal se mantendrá durante el receso.
El presidente de la Comisión de Energía del Congreso, Milton Puerto, fue más ambicioso en sus proyecciones: afirmó que la iniciativa tiene receptividad en todas las bancadas y que la meta no es solo alcanzar los 65 votos mínimos requeridos, sino superar los 80.
El Partido Nacional también destacó que el presidente del STENEE, Miguel Aguilar, ha respaldado la necesidad de modernizar la empresa, aunque el sindicato condicionó ese apoyo a que la reforma no abra ningún atajo hacia la privatización y que se garanticen la libertad sindical y los derechos laborales de los trabajadores independientemente de la subsidiaria en que queden encuadrados.
El Partido Libertad y Refundación mantuvo su postura de rechazo a la iniciativa del gobierno y reiteró que las reformas representan un cambio estructural que implicaría la pérdida del dominio público sobre el subsector eléctrico.
La bancada de Libre, que cuenta con 35 diputados, ha sido el bloque más activo en la denuncia de lo que denomina una privatización encubierta, señalando específicamente la composición de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica y la posible transferencia de resolución de conflictos a mecanismos de arbitraje privado.
Con el rechazo formal del Partido Liberal sumado al de Libre, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma en el tercer debate, aun contando con la totalidad de su bancada.
Los números actuales del Congreso —49 diputados del Partido Nacional, 41 del Partido Liberal y 35 de Libre, entre los más representativos— obligan al gobierno a seguir negociando con el Partido Liberal como pivote indispensable para alcanzar la mayoría requerida.
La demora en la aprobación de las reformas tiene un costo concreto que distintos sectores han cuantificado con precisión. El experto en energía Edgar Aguilar señaló que cada ocho días de inacción equivalen a la pérdida de 40 escuelas en términos del gasto que esos días representan para el presupuesto del Estado.
El representante de las pymes, Efraín Rodríguez, cifró en 10 millones de lempiras las pérdidas diarias que los apagones generan en el aparato productivo.
En ese contexto, el Departamento de Estado de EEUU emitió un pronunciamiento en el que expresó respaldo a los esfuerzos del gobierno de Asfura por avanzar en las reformas al sistema energético, señalando que contribuirán a desbloquear nuevas oportunidades para la inversión energética estadounidense en el país.
El pronunciamiento no pasó desapercibido en el debate legislativo, donde fue citado por el oficialismo como un argumento a favor de la urgencia de la aprobación.
El debate legislativo sobre las reformas a la ENEE quedará así suspendido durante las próximas semanas, con tres posiciones claramente diferenciadas: el oficialismo que empuja su aprobación bajo el argumento del rescate financiero, el Partido Liberal que exige modificaciones de fondo y una propuesta alternativa, y Libre que mantiene un rechazo que hasta ahora no ha mostrado señales de ceder.
