TEGUCIGALPA, Honduras
El ingeniero Edwin Vega, hasta entonces director regional del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Tela, Atlántida, fue separado de su cargo mientras realizaba una inspección de campo por un presunto derrame de sustancias contaminantes en la aldea San Alejo, en una zona cercana a la Laguna de los Micos.
Según relató el propio Vega, el proceso se originó el 7 de julio, cuando el ICF recibió una denuncia anónima sobre un vertido en un canal artificial ubicado frente a las instalaciones de la empresa Grupo Jaremar. El denunciante alertó que dicho canal conecta con el río San Alejo, el cual desemboca en la Laguna de los Micos, un cuerpo de agua de relevancia ecológica en la región.
El exfuncionario explicó que, tras coordinar con personal del segundo y cuarto batallón, se realizó una inspección preliminar en la que se constató la presencia de una sustancia de apariencia aceitosa flotando en el canal, así como barriles que contenían el mismo material.
Indicó que la planta industrial de la empresa señalada se encuentra dentro de los límites del Parque Nacional Blanca Jeannette Kawas Fernández, específicamente en una subzona de uso intensivo conforme a su plan de manejo.
De acuerdo con Vega, estaba prevista una segunda inspección, más detallada, en conjunto con personal de la empresa y el Comité Ambiental de la Bahía de Tela, pero la notificación de su destitución le llegó justo ese día, por mensaje, llamada telefónica y correo electrónico, mientras se encontraba realizando las diligencias de campo.
Señaló que esta decisión le impidió concluir el dictamen técnico correspondiente y trasladar la información al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, instituciones a las que, según explicó, corresponde continuar el proceso investigativo en casos de esta naturaleza.
El exfuncionario, quien ocupaba el cargo desde el 3 de septiembre de 2025, señaló que durante su gestión no se habían recibido otras denuncias relevantes contra la empresa, más allá de aperturas de canales que, según indicó, la compañía utiliza para distribuir agua en época de inundaciones.
Añadió que las comunidades de la zona se mantienen atentas a cualquier actividad inusual dentro de las fincas de la empresa y que suelen presentar denuncias cuando lo consideran necesario.
Consultado sobre el tipo de químico vertido, Vega indicó que se requieren más evaluaciones técnicas para determinarlo, y lamentó que Honduras no cuente con laboratorios especializados para profundizar en el análisis de la gravedad de este tipo de contaminación.
También sugirió que la empresa debería reforzar sus protocolos de contención ante este tipo de incidentes y mejorar sus mecanismos internos de notificación.
Hasta el momento, ni el ICF ni el Grupo Jaremar han emitido un pronunciamiento oficial sobre los motivos específicos de la destitución del funcionario ni sobre el estado actual de las investigaciones relacionadas con el presunto derrame.
