TEGUCIGALPA, Honduras
La designada presidencial María Antonieta Mejía instó a los diputados reanudar y aprobar la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, al considerar que existe una obligación con el país de llevar la discusión a un plano técnico y dejar atrás los conflictos entre bancadas.
La funcionaria insistió en que la propuesta no representa una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sino un cambio en su modelo de administración.
Mejía sostuvo que, una vez se reanuden las sesiones legislativas, los diputados deberán analizar con seriedad la crisis financiera que atraviesa la ENEE, que según sus propias cifras representa pérdidas cercanas a los 16 mil millones de lempiras al año, equivalentes a unos 50 millones de lempiras diarios.
A su juicio, esa sangría económica limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como educación, infraestructura y seguridad.
«Las reformas energéticas no aluden a la crisis; al contrario, aceptamos que hay una pérdida millonaria, casi de 16 mil millones de lempiras que pierde la energía eléctrica», planteó la funcionaria, al pedir que el debate legislativo se centre en aspectos técnicos y no en el cálculo político de las distintas bancadas.
La designada rechazó de manera categórica que la iniciativa constituya una privatización de la estatal eléctrica.
En una publicación en sus redes sociales, fue enfática al señalar que no se venden represas, no se venden redes de distribución y no se vende el patrimonio del pueblo hondureño, y remarcó que el Estado mantendrá tanto la propiedad como el control de la empresa.
«Honduras necesita soluciones reales, transparencia y eficiencia; no campañas de miedo ni desinformación», agregó.
Según explicó, lo que la reforma modifica es el sistema de administración de la ENEE, no su propiedad, y precisó que la conducción de la política pública en materia energética continuará bajo la rectoría del Estado a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Mejía cuestionó además la postura de quienes proponen mantener sin cambios el esquema público actual, al considerar que ese modelo no ha dado los resultados esperados en las últimas décadas.
Entre los problemas que, según ella, deben resolverse con la reforma mencionó el hurto de energía, las tarifas elevadas y la necesidad urgente de modernizar las redes de distribución.
La reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica, enviada por el Poder Ejecutivo, ya fue aprobada en primer debate en el Congreso Nacional, pero entró posteriormente en un proceso de concertación para introducir modificaciones al dictamen, debido a que hasta ahora no cuenta con los votos suficientes para su aprobación definitiva.
Su discusión se reanudará en el pleno legislativo este martes 21 de julio, cuando está previsto que el dictamen sea sometido a su tercer y último debate.
Voceros de la bancada oficialista han insistido en la misma línea planteada por la designada.
El jefe de la bancada del Partido Nacional ha reiterado en distintas comparecencias que ni el Congreso ni el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contemplan la privatización de la ENEE, y ha enmarcado la reforma como una respuesta a las quejas ciudadanas por la mala calidad del servicio, los apagones y las variaciones de voltaje que afectan a los electrodomésticos de los usuarios.
El titular de la CREE, por su parte, ha explicado que el proyecto busca atender dos problemas centrales que enfrenta el abonado: la interrupción del servicio y su alto costo, ambos derivados, según su análisis, de la insolvencia financiera de la ENEE y de fallas de gobernanza que han limitado la transparencia en las compras institucionales.
Desde Casa Presidencial se ha planteado que la reforma preserva la propiedad estatal de la ENEE, fortalece los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y busca garantizar la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico para hogares, comercios e industrias del país.
Desde actores de oposición, entre ellos dirigentes del partido Libertad y Refundación (Libre), sostienen una lectura distinta del proyecto y argumentan que la iniciativa constituye, en la práctica, una privatización por partes que terminaría trasladando el costo a los usuarios del servicio eléctrico.
Esta diferencia de interpretaciones ha sido uno de los principales obstáculos para que la reforma reúna los votos necesarios en el pleno legislativo.
