TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA.
La acción penal se deriva de una investigación por presuntos ataques a la libertad de prensa y de expresión, vinculados a publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de carácter castrense.
El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán, instancia que confirmó el ingreso del expediente.
El Ministerio Público acusa a Hernández de los delitos de incitación a la discriminación y de limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, en perjuicio de los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López, así como de la libertad de prensa y de expresión en general.
La Fiscalía solicitó además que Hernández sea citado en legal y debida forma para la celebración de la audiencia de declaración de imputado, etapa en la que un juez determinará el curso inicial del proceso.
Según detalló el Ministerio Público, las publicaciones investigadas fueron señaladas por periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como parte de una posible campaña de desacreditación contra comunicadores.
El expediente incluyó la recepción de denuncias formales, diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, y la recolección de testimonios.
De acuerdo con el Código Penal hondureño, Hernández podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión y una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos de entre 10 y 15 años, en caso de ser declarado culpable de los cargos que se le atribuyen.
Las penas definitivas, de determinarse responsabilidad penal, deberán fijarse conforme a las reglas de individualización y concurso de delitos previstas en la legislación del país. Hernández mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La presentación del requerimiento se produjo luego de que, durante las semanas previas, organizaciones de derechos humanos denunciaran públicamente demoras en el avance del caso.
La directora de la Asociación por los Derechos de la Libertad de Expresión (Asopodehu), Dina Meza, había señalado que contaba con información extraoficial sobre un requerimiento ya elaborado que permanecía sin presentarse ante los tribunales, y cuestionó públicamente al fiscal general, Pablo Emilio Reyes, para que explicara los motivos del retraso.
Asimismo, el presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos, Jorge Jiménez, había anunciado gestiones para solicitar una reunión con el fiscal general con el fin de exigir mayor celeridad en la investigación.
Un día antes de que se conociera el requerimiento, el CPH había calificado como evasiva la versión ofrecida por Hernández, luego de que el exjefe militar atribuyera la responsabilidad de los ataques contra la prensa a la oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y a un coronel de esa institución.
