TEGUCIGALPA, Honduras
La defensa legal del exmandatario Juan Orlando Hernández presentó un recurso ante el Poder Judicial con el objetivo de que el proceso que enfrenta por el caso Pandora II continúe bajo el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no sea trasladado a un juzgado especializado en delincuencia organizada y corrupción.
La solicitud se conoció luego de que el juez natural asignado al expediente, Walter Miranda Sabio, se declarara incompetente para seguir conociendo la causa, al concluir, tras revisar el expediente, que ya no figura ningún alto funcionario del Estado entre los procesados y que, por tanto, el caso dejó de cumplir las condiciones necesarias para mantenerse bajo la figura de un juez natural.
De acuerdo con lo informado por portavoces del Poder Judicial, la resolución del juez implica que el expediente debería remitirse a la jurisdicción ordinaria especializada en corrupción, aunque ese traslado no se ha concretado mientras se resuelve la impugnación presentada por los apoderados legales de Hernández.
El juez de letras designado deberá ahora ratificar o no la declinatoria planteada, antes de que el caso pueda avanzar hacia una nueva instancia.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, mandó a decir que el juez natural previamente designado sería quien continuaría a cargo de la tramitación del expediente y de las audiencias ya programadas, en respeto al principio de independencia judicial.
Ante los señalamientos sobre un eventual trato diferenciado hacia el Hernández, Vallecillo insistió en que nadie está por encima de la ley y que el proceso se desarrolla con normalidad conforme a los procedimientos institucionales establecidos.
Pese a esas declaraciones, la decisión de incompetencia emitida por el juez natural introdujo un nuevo elemento de incertidumbre sobre la instancia que finalmente resolverá el caso, mientras la audiencia de declaración de imputado contra Hernández se mantiene programada para el próximo lunes 3 de agosto.
Hernández retornó a Honduras el domingo anterior, luego de permanecer privado de libertad en EE.UU., donde había sido condenado en 2024 por delitos relacionados con narcotráfico tras ser extraditado desde Honduras en abril de 2022.
El extitular del Ejecutivo recibió en noviembre de 2025 un indulto del presidente estadounidense Donald Trump, que le permitió recuperar su libertad, aunque esa medida no anuló el proceso judicial pendiente en Honduras ni equivale a una declaración de inocencia, ya que el indulto extingue la pena impuesta en EE.UU. pero no modifica el fallo emitido por aquel tribunal ni tiene efecto sobre causas independientes en territorio hondureño.
Su regreso se concretó luego de que un juez hondureño suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional de Interpol que pesaban en su contra, lo que le permitió presentarse de forma voluntaria ante las autoridades.
Actualmente, la principal causa judicial abierta contra Hernández en Honduras es el caso Pandora II, en el que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó en octubre de 2023 un requerimiento fiscal contra ocho exfuncionarios, entre ellos el mismo Hernández y el expresidente Porfirio Lobo, por una red de corrupción que habría operado entre 2010 y 2013.
Según la acusación, el esquema facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras desde el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) hacia las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
De esos fondos, se le imputa a Hernández haber recibido al menos 62 millones de lempiras para su campaña presidencial de 2013, a través de empresas fantasma, prestanombres y contratos ficticios, recursos que habrían llegado a los movimientos Azules Unidos y Amigos de JOH.
Por estos hechos, el expresidente enfrenta los delitos de fraude y lavado de dinero.
En el mismo expediente, la Corte de Apelaciones confirmó recientemente sobreseimientos definitivos a favor del expresidente Lobo y de otros exfuncionarios acusados, por lo que la situación jurídica de los coimputados ha evolucionado de forma distinta a la de Hernández.
Además del caso Pandora II, analistas consultados por medios locales han señalado que en Honduras también permanecen abiertas actuaciones judiciales vinculadas a procesos de privación de dominio relacionados con bienes atribuidos al expresidente, aunque este último tipo de proceso tiene naturaleza distinta a una causa penal, al centrarse en la extinción del derecho de propiedad sobre bienes de origen presuntamente ilícito.
