TEGUCIGALPA, Honduras
El regreso de Juan Orlando Hernández a Honduras, tras su indulto en EE.UU., ha vuelto a poner en el centro del debate público la situación judicial de decenas de exfuncionarios de su gobierno, señalados por el Ministerio Público y, en su momento, por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2014 y 2022.
Cuatro años después de que Hernández dejara el poder, ese entramado de procesos judiciales sigue mostrando distintos desenlaces: exfuncionarios prófugos, otros que se declaran perseguidos políticos desde el exilio, algunos que han sido condenados o permanecen bajo prisión, y unos pocos que, como el propio expresidente, han optado por reaparecer y presentarse de manera voluntaria ante la justicia.
LOS PRÓFUGOS. Entre los exfuncionarios que continúan evadiendo a las autoridades hondureñas figura David Chávez, exdirector del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) entre 2010 y 2013 y expresidente del Partido Nacional.
Chávez es acusado de malversación de caudales públicos por la presunta sobrevaloración de equipos por 76 millones de lempiras, cuando su valor real habría sido de 21 millones.
Tras ser bajado de un avión con destino a Estados Unidos, en el que intentaba salir del país, abandonó el aeropuerto por vía terrestre y desde entonces se desconoce su paradero, pese a que las autoridades activaron una alerta internacional en su contra.
ALEGAN PERSECUCIÓN… DESDE EL EXILIO. Un grupo distinto de exfuncionarios optó por salir de Honduras hacia Nicaragua, país que no mantiene tratado de extradición vigente con el Estado hondureño, y desde allí ha calificado los procesos en su contra como una persecución política.
Entre ellos se encuentran el exsecretario de la Presidencia, Ebal Díaz, señalado por presuntos actos de corrupción en la compra de viviendas modulares tras el paso de las tormentas Eta e Iota en 2020; el exsecretario de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo Cardona, a quien el gobierno nicaragüense otorgó la nacionalidad en 2022; y el exfiscal general Óscar Fernando Chinchilla, cuya salida del país coincidió con el fin de su periodo al frente del Ministerio Público.
Los tres han sostenido que los señalamientos en su contra responden a motivaciones políticas y no a hallazgos judiciales firmes.
CONDENADOS EN EE.UU. Otro grupo de exfuncionarios vinculados al gobierno de Hernández enfrenta procesos judiciales en territorio estadounidense, la mayoría relacionados con narcotráfico.
El hermano del expresidente, Juan Antonio Tony Hernández, fue condenado a cadena perpetua más 30 años tras ser hallado culpable de delitos de narcotráfico.
También fueron procesados en cortes estadounidenses el exjefe policial Juan Carlos «El Tigre» Bonilla, capturado en 2022 cuando intentaba cruzar un peaje cercano a Tegucigalpa, y Mauricio Pineda Hernández, exalto mando policial y primo del expresidente, quien se entregó voluntariamente a las autoridades de ese país en 2020.
PROCESADOS EN HONDURAS. En el ámbito judicial hondureño, el exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Investh), Marco Bográn, fue condenado en 2022 a diez años de prisión por fraude agravado en la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de covid-19, un caso que generó un perjuicio estimado en más de mil 200 millones de lempiras. En el mismo expediente fue sentenciado el exadministrador de esa institución, Álex Moraes, por violación a los deberes de los funcionarios.
LOS QUE REAPARECIERON. En las últimas semanas, dos de las figuras más señaladas del gobierno de Hernández decidieron romper su condición de prófugos y presentarse de manera voluntaria ante la justicia. La extitular de Salud Alba Consuelo Flores, acusada por el mismo caso de los hospitales móviles, permaneció casi tres años evadiendo a las autoridades tras no acudir a su audiencia de declaración de imputado en 2023; un juzgado especializado en criminalidad organizada y corrupción aceptó recientemente su solicitud de comparecencia voluntaria, programada para el 4 de agosto.
Por su parte, el propio Juan Orlando Hernández regresó al país el 26 de julio, después de recibir un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para presentarse el 3 de agosto ante un juzgado hondureño por el caso Pandora II, en el que se le imputan los delitos de fraude y lavado de activos junto a otros exfuncionarios de su administración.
¿CUÁL ES EL CONTEXTO DE ESTAS REAPARICIONES? Buena parte de estos procesos se originó en investigaciones impulsadas por la MACCIH, la misión internacional que operó en Honduras entre 2016 y 2020 en apoyo al Ministerio Público, y que documentó varios de los casos emblemáticos de corrupción vinculados al gobierno de Hernández, entre ellos el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social y el denominado caso Pandora.
Tras la salida de la misión, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), creada como parte de su legado institucional, continuó judicializando expedientes derivados de esas investigaciones, incluido el que hoy enfrenta el expresidente.
Analistas y organizaciones de la sociedad civil han señalado que, más allá de los casos individuales, persisten dudas sobre la capacidad del sistema de justicia hondureño para sostener procesos de alto perfil sin que estos terminen en sobreseimientos, archivos o fugas prolongadas de los implicados.
