TEGUCIGALPA, Honduras
La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que solicitará la prisión preventiva del exgobernante Juan Orlando Hernández durante la audiencia inicial del caso Pandora II, programada para el próximo 12 de agosto.
El procurador general, Dagoberto Aspra, explicó que la institución cuenta con los elementos y la carga probatoria necesarios para insistir ante el juez en la necesidad de imponer esa medida cautelar.
De acuerdo con Aspra, la solicitud responde al riesgo de que continuar el proceso sin una medida de esa naturaleza podría afectar el desarrollo de las investigaciones, particularmente por el peligro de que se contaminen fuentes de prueba.
Sostuvo que existen elementos suficientes para vincular a Hernández al proceso por un presunto perjuicio patrimonial contra el Estado de Honduras, que la institución atribuye al desvío de fondos públicos hacia movimientos políticos vinculados al expresidente.
Aspra explicó que el objetivo de la PGR en la audiencia del 12 de agosto será demostrar que existió un daño patrimonial al Estado y, posteriormente, impulsar la recuperación de los recursos públicos.
El funcionario indicó que la petición de prisión preventiva se sustenta también en el prolongado perfil de poder del expresidente, quien ejerció cargos como diputado, secretario y presidente del Congreso Nacional, y presidió el país en dos periodos, lo que a juicio de la PGR representa un riesgo de que pueda influir en testigos o peritos del proceso.
La solicitud se produce después de que, durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el 3 de agosto, un juez del Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción resolviera imponer a Hernández medidas cautelares distintas a la detención judicial, pese a que tanto la PGR como el Ministerio Público habían solicitado inicialmente esa medida.
Hernández quedó bajo el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, con la obligación de presentar informes semanales sobre su situación jurídica, además de la prohibición de salir del país.
Aspra lamentó esa resolución judicial y remarcó que la PGR mantendrá su postura de cara a la siguiente etapa procesal, insistiendo en que la institución no se detendrá en su propósito de asegurar el resarcimiento de los fondos públicos que, según la acusación, habrían sido desviados.
El caso investiga el presunto desvío de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013, canalizados a través de fundaciones y estructuras políticas hacia movimientos vinculados a Hernández.
Según la acusación, alrededor de 62 millones de lempiras habrían beneficiado directamente su campaña electoral de 2013.
En la audiencia inicial del 12 de agosto, el juez deberá determinar si existen indicios suficientes para vincular formalmente al expresidente al proceso penal.
