TEGUCIGALPA, Honduras
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, denunció que el exgobernante Juan Orlando Hernández amenazó a un procurador de la Unidad Penal de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia de declaración de imputado celebrada el lunes anterior, respecto a la causa penal Pandora II.
Según relató Aspra, Hernández se dirigió de manera directa al funcionario con frases como «mírame a los ojos, a vos te estoy hablando, a vos te voy a dar una lección», y remató la advertencia pidiéndoles a los presentes que «se cuiden».
El procurador general afirmó que existieron testigos de lo ocurrido dentro de la sala y pidió a Hernández reconocer públicamente el episodio, tal como, dijo, acostumbra pronunciarse ante los medios de comunicación.
Tras las presuntas amenazas de Hernández, Aspra anunció que asumirá personalmente la representación de la Procuraduría en la audiencia inicial programada para el próximo 12 de agosto, en sustitución del personal que estuvo presente en la diligencia del 3 de agosto.
Explicó que no expondrá a los procuradores más jóvenes de la institución y que será él quien enfrente directamente el proceso.
El funcionario cuestionó además que los señalamientos de Hernández se hayan dirigido únicamente contra la PGR, pese a que el Ministerio Público mantuvo durante la audiencia la misma postura: solicitar la detención judicial.
Aspra expresó preocupación por lo que consideró una diferencia de trato hacia ambas instituciones acusadoras, y advirtió que sería grave que el Ministerio Público terminara alineado a los intereses de Hernández.
JOH VINCULA A ASPRA CON LOS CACHIROS. El intercambio de señalamientos entre ambas partes incluyó también acusaciones cruzadas relacionadas con la estructura criminal de Los Cachiros.
Aspra rechazó públicamente versiones que lo vinculan con ese grupo, atribuidas al propio Hernández, y explicó que en el pasado fue contratado para defender bienes asegurados de una empresa relacionada con esa organización, aclarando que los socios que figuraban en dicha empresa no eran miembros de Los Cachiros y que nunca ejerció actos de defensa a favor de esa estructura.
El procurador general pidió a Hernández presentar pruebas si sostiene que existió una relación directa entre ambos, y sostuvo que, por el contrario, es el propio exjefe del Ejecutivo quien mantiene una relación más estrecha con esa organización criminal, según lo expuesto en su momento por el Consejo Nacional Anticorrupción en un informe presentado en Washington.
Durante la audiencia del 3 de agosto, tanto la PGR como el Ministerio Público solicitaron al juez que impusiera la detención judicial en contra de Hernández, argumentando riesgo de fuga y posible obstaculización de la justicia.
El juzgador, sin embargo, resolvió aplicar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, entre ellas la prohibición de salir del país.
Aspra explicó que la solicitud de detención judicial se sustentó en un informe elaborado con fuentes abiertas de información, centrado en el prolongado perfil de poder de Hernández —diputado, secretario y presidente del Congreso Nacional, y presidente en dos ocasiones—, lo que a su juicio representaba un riesgo de contaminación de la investigación que podía debilitar la pretensión acusatoria.
El caso Pandora II investiga el presunto desvío de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras entre 2010 y 2013, canalizados a través de fundaciones y estructuras políticas.
Según la acusación, alrededor de 62 millones de lempiras habrían beneficiado directamente a movimientos vinculados a Hernández. La audiencia inicial, en la que se debatirá la vinculación formal del expresidente al proceso, quedó fijada para el 12 de agosto.
