TEGUCIGALPA, Honduras
El director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, advirtió que las capacidades de prevención del Estado hondureño no están funcionando de manera adecuada, ante el incremento de las masacres y otros hechos violentos registrados en el país.
Acevedo consideró necesario que el Gobierno y la Secretaría de Seguridad redefinan y adecuen su estrategia de seguridad, con el propósito de brindar a la población una respuesta efectiva frente al delito.
“Es importante que el Gobierno, que la Secretaría de Seguridad, redefina, adecue su estrategia de seguridad para que realmente le brinde a la población los servicios que esta espera de ellos”, señaló.
El director de Ciprodeh recordó que la seguridad pública constituye una responsabilidad del Estado y que la población hondureña contribuye mediante el pago de impuestos para contar con condiciones que garanticen su protección.
Sin embargo, lamentó que los ciudadanos se vean obligados a reforzar sus propias medidas de seguridad para proteger sus vidas y bienes. Endurecer penas no es suficiente
Ante las reformas al Código Penal y las propuestas orientadas a endurecer las penas por la comisión de delitos, Acevedo sostuvo que incrementar las condenas no constituye una solución efectiva si no existe capacidad para investigar, capturar y lograr sentencias contra los responsables.
“A lo largo de la historia hemos visto que eso es inútil, no solamente insuficiente, sino que es inútil porque realmente no permite combatir la criminalidad”, afirmó.
En ese sentido, explicó que incluso penas extremadamente elevadas carecen de efectividad si las instituciones no cuentan con las capacidades necesarias para llevar a los responsables ante la justicia.
“Usted puede tener penas de 500 años, pero si no es capaz de poner a alguien preso con las condiciones suficientes para lograr que sea condenado, no vamos a tener nada”, sostuvo.
Asimismo, indicó que las masacres reflejan incapacidad del Estado, afirmó que estos hechos evidencian una incapacidad del Estado para garantizar de manera efectiva el derecho a la vida.
Aunque reconoció que las masacres generan mayor impacto por la cantidad de víctimas en un solo hecho, señaló que el problema de la violencia trasciende estos episodios y se refleja también en las muertes que ocurren diariamente.
“Las masacres nos impactan por la cantidad de personas en un solo acto, pero también día a día, en las muertes por goteo que tenemos, que ya no parecen por goteo, sino que ya es una llave que está permanentemente abierta”, manifestó.
Acevedo planteó la necesidad de construir una estrategia de seguridad que involucre a las diferentes instituciones del Estado y no se limite exclusivamente a la Policía Nacional y las FFAA.
Cuestionó la falta de coordinación que, a su juicio, existe entre las instituciones encargadas de la seguridad, la investigación y la administración de justicia, y llamó a fortalecer la articulación con el Ministerio Público y los tribunales.
Asimismo, consideró fundamental incorporar a las instituciones vinculadas con la prevención social de la violencia, entre ellas las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social.
“Pareciera que las estrategias y las acciones de seguridad gubernamentales son solamente responsabilidad de la Policía, responsabilidad de las Fuerzas Armadas.
Ni siquiera en ese nivel pareciera que hay comunicación suficiente”, cuestionó.
También propuso involucrar a la empresa privada y a las organizaciones de sociedad civil que han desarrollado experiencias en materia de prevención del delito, investigación y fortalecimiento de las capacidades policiales.
Sobre los departamentos que actualmente registran mayores niveles de violencia, Acevedo consideró que el fenómeno no necesariamente significa que la criminalidad haya comenzado a llegar a territorios donde antes no existía, sino que podría tratarse de zonas donde anteriormente había mayores niveles de control.
En ese contexto, señaló que el Estado debe fortalecer su presencia territorial, pero aclaró que esto no debe traducirse únicamente en una mayor presencia policial o militar.
“Necesitamos que haya más presencia de Estado, y más presencia de Estado no solo en términos de policías y militares, sino de todos los servicios que el Estado está en la responsabilidad de proveer a la población hondureña”, concluyó.
