TEGUCIGALPA, Honduras
La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Paola Díaz, reiteró el llamado al Congreso Nacional para realizar modificaciones a la Ley de Empleo Parcial, al considerar que la normativa actual resulta inaplicable en su forma vigente.
Díaz señaló que uno de los principales aspectos que debe revisarse es la jornada mínima de 18 horas semanales establecida en la ley, la cual, según indicó, limita las posibilidades de incorporación laboral de personas que requieren horarios más flexibles.
La representante de la CCIT planteó que la normativa permita una jornada flexible, sin que se establezca un mínimo de horas.
Este planteamiento se suma a declaraciones previas del presidente de la CCIT, Karim Faraj, quien reconoció que la aprobación de la Ley de Empleo Parcial representó un primer paso positivo, pero que la normativa no ha generado el impacto que esperaba la iniciativa privada en materia de generación de empleo.
Faraj atribuyó esta situación a la premura con la que se aprobó la ley, lo que, a su juicio, dejó ambigüedades y aspectos pendientes de corregir.
Desde la CCIT han planteado la necesidad de instalar una mesa de diálogo con el Gobierno, el Congreso Nacional y los distintos actores sociales y económicos, con el objetivo de revisar la legislación y consensuar las modificaciones necesarias.
La organización empresarial ha expresado su disposición a trabajar en conjunto con las autoridades para lograr una reforma que permita una mayor flexibilización en la jornada laboral.
La Ley de Empleo Parcial fue aprobada por el Congreso Nacional a finales de marzo de 2026, con el rechazo de la bancada de Libre, y entró en vigencia tras su publicación en La Gaceta el 30 de marzo.
La normativa establece un régimen especial para regular la modalidad de empleo a tiempo parcial, con el objetivo de formalizar a trabajadores en condiciones de informalidad y otorgarles acceso a beneficios como la seguridad social, sin que ello implique una reducción de los derechos laborales ya adquiridos.
Durante el proceso de aprobación de la ley, sectores sindicales también manifestaron observaciones a la iniciativa, al advertir sobre posibles riesgos de precarización del empleo formal y la necesidad de garantizar que cualquier reforma respete íntegramente el Código del Trabajo y la Constitución.
