TEGUCIGALPA, Honduras
Las negociaciones entre el Partido Nacional y el Partido Liberal para aprobar la reforma a la Ley General de la Industria Eléctrica continúan sin desenlace, luego de más de un mes de cabildeos en el Congreso Nacional.
El proyecto, que ya superó dos de los tres debates reglamentarios, permanece detenido a la espera de que ambas bancadas concilien una versión final del dictamen.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, plantea una reestructuración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) mediante la separación de sus operaciones de generación, transmisión y distribución en unidades independientes, con el argumento de reducir pérdidas técnicas y no técnicas, aliviar la carga fiscal del Estado y atraer inversión.
El Partido Nacional, que gobierna con 49 de los 128 escaños del Congreso, ha impulsado la propuesta como una prioridad de la administración de Nasry Asfura, mientras que el bloque opositor exige garantías adicionales antes de sumar los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada de 65 diputados que exige el trámite legislativo.
El Partido Liberal, con 41 diputados, ha condicionado su respaldo a que el texto incluya candados jurídicos explícitos que impidan la privatización de la ENEE y prohíban hipotecar o comprometer los bienes estratégicos del Estado vinculados al sistema eléctrico.
Durante varias semanas, la bancada liberal mantuvo divisiones internas sobre el alcance de su contrapropuesta, lo que retrasó su entrega formal ante la Comisión de Energía del Congreso.
El proyecto fue aprobado en segundo debate a mediados de junio, tras un proceso de socialización con distintos actores. A finales de julio, la gerencia de la ENEE advirtió que la dilación legislativa prolonga las pérdidas económicas de la estatal, calculadas en cerca de 40 millones de lempiras diarios, y retrasa inversiones consideradas indispensables para modernizar el sistema.
En la primera semana de agosto, diputados de ambas bancadas reconocieron públicamente que el respaldo interno al proyecto se había reducido, al tiempo que insistieron en la necesidad de un análisis más detallado antes de llevarlo al pleno.
En los días posteriores, la Comisión de Energía intensificó las reuniones con las distintas fuerzas políticas para fusionar las observaciones de los bloques parlamentarios en un dictamen unificado, incorporando las garantías patrimoniales solicitadas por el liberalismo.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló que las partes han mostrado disposición para avanzar y que la propuesta formal del Partido Liberal permitiría abrir el tercer y último debate.
Hacia mediados de agosto, el Legislativo confirmó que retomaría la discusión del proyecto tras revisar la contrapropuesta liberal, aunque a la fecha no se ha fijado una votación definitiva ni se ha difundido el texto final del dictamen consensuado.
Especialistas en temas económicos han pedido reglas claras sobre el origen de los recursos necesarios para modernizar el sistema eléctrico nacional, cuya inversión se ha estimado entre seis mil y 10 mil millones de dólares en los próximos años, así como metas verificables de reducción de pérdidas de la ENEE.
Mientras el debate legislativo continúa, la estatal eléctrica sostiene que cada semana de retraso incrementa el costo financiero de una eventual reforma y posterga la llegada de capital privado al sector.
El desenlace de las negociaciones definirá si el Congreso Nacional logra reunir los votos suficientes para aprobar la reforma en su versión final o si el proyecto continúa aplazándose, en un contexto donde la sostenibilidad financiera de la ENEE y la atracción de inversión energética dependen, en gran medida, del consenso entre las principales fuerzas políticas del país.
