TEGUCIGALPA, Honduras
El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Carlos Aguilar, advirtió que la corrupción en el sistema sanitario hondureño trasciende el daño económico y puede traducirse directamente en pérdida de vidas humanas.
Aguilar sostuvo que resulta prácticamente imposible cuantificar el impacto real de los actos de corrupción en el sector salud, debido a que además de los recursos públicos sustraídos, existen consecuencias sobre la atención médica y la vida de los pacientes.
“La corrupción en salud significa vidas”, señaló el exfuncionario, al referirse a los efectos que generan las irregularidades en la administración de los recursos destinados a la atención de la población.
El exdirector recordó el millonario desfalco registrado en el IHSS, uno de los mayores escándalos de corrupción de Honduras, y mencionó las denuncias relacionadas con medicamentos adulterados o sin los componentes necesarios, sobrevaloración de ambulancias y otras operaciones que, según investigaciones y estimaciones divulgadas en el país, tuvieron graves consecuencias para los derechohabientes.
Aguilar enfatizó que el daño provocado por la corrupción sanitaria no puede medirse únicamente en lempiras, pues cada recurso que se desvía representa una oportunidad perdida para brindar medicamentos, tratamientos, procedimientos y servicios médicos a la población.
En declaraciones anteriores sobre la corrupción en el IHSS, Aguilar resumió el impacto en el sentido que “cada lempira que se roban del sistema de salud es un frasco de insulina menos”, además de advertir sobre las consecuencias en la atención de partos, niños y pacientes que requieren medicamentos.
El exfuncionario también ha señalado la necesidad de fortalecer los controles internos de las instituciones sanitarias para evitar que estructuras dedicadas a prácticas irregulares continúen operando dentro del sistema.
Para Aguilar, combatir la corrupción en salud no constituye únicamente una cuestión financiera o administrativa, sino una obligación vinculada directamente con la protección de la vida y el derecho de los hondureños a recibir atención médica digna y oportuna.
