TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó un dictamen que concede una amnistía a empresas de telecomunicaciones y televisión por cable con deudas acumuladas ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), pero excluyó de este beneficio a las dos compañías de telefonía más grandes del país, que deberán continuar cumpliendo con sus obligaciones de manera normal ante el ente regulador.
La iniciativa, impulsada originalmente por Conatel, permite a las empresas pagar obligaciones acumuladas entre 2014 y 2024, ya sea de contado o mediante arreglos de pago, quedando exoneradas de multas, intereses y otras sanciones derivadas de la mora.
El diputado nacionalista Mario Pérez explicó que la disposición beneficia principalmente a los operadores que actualmente prestan servicios sin autorización de Conatel, quienes tendrán un plazo de seis meses para solicitar los permisos correspondientes y regularizar su situación.
La medida también permite renovar permisos vencidos sin el pago de multas, recargos e intereses acumulados por el incumplimiento.
Según cifras de Conatel, en Honduras existen aproximadamente 500 empresas de telecomunicaciones y televisión por cable que operan en condiciones irregulares o clandestinas.
El objetivo declarado del decreto es incorporar a estos operadores al marco legal vigente y ampliar el control del Estado sobre el rubro, sin que ello implique, según aclaró Pérez, una exoneración del impuesto principal adeudado, sino únicamente de las sanciones y recargos acumulados por el atraso en los pagos.
El aspecto más determinante del dictamen aprobado es que la amnistía no alcanza a las dos compañías de telecomunicaciones más grandes de Honduras, que deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago ante Conatel bajo las condiciones ordinarias, sin acceso a las condonaciones de multas, recargos e intereses que sí recibirán los operadores medianos, pequeños e informales del sector.
La aprobación del dictamen se produjo después de que Conatel anunciara formalmente el envío al Poder Legislativo de una propuesta orientada a regularizar a las empresas que actualmente funcionan de manera clandestina, en el marco de un esfuerzo más amplio por ordenar el sector de telecomunicaciones y ampliar la base de operadores formalmente registrados ante el ente regulador.
La medida se suma a un amplio paquete de amnistías que el Congreso Nacional ha aprobado durante 2026 en distintos sectores —municipal, energético, vehicular, migratorio, tributario y de agua potable y saneamiento—, orientadas a facilitar la regularización de obligaciones pendientes mediante la condonación de recargos, multas e intereses acumulados, sin eliminar el pago de las deudas principales.
A diferencia de esas amnistías de alcance más general, en el caso de las telecomunicaciones el Congreso optó por circunscribir el beneficio a los operadores medianos, pequeños e informales del sector, dejando fuera expresamente a las dos empresas de mayor tamaño del mercado hondureño.
