TEGUCIGALPA, Honduras
La subcoordinadora del partido Libertad y Refundación (Libre) Rixi Moncada, exigió al Ministerio Público abrir una investigación a fondo sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo, quien se desempeñó como asesor de campaña del Partido Nacional durante ese proceso electoral. La petición fue difundida por Moncada a través de la red social X.
En su planteamiento, Moncada solicitó a la fiscalía determinar para quién trabajó Cerimedo durante su presencia en el país, con quiénes se reunió, qué estructura digital operó bajo su dirección y cuál fue su participación real en el proceso electoral de 2025.
La excandidata sustentó su exigencia en un audio que atribuyó a Cerimedo, en el que —según su versión— se le escucha decir que ya tenían «detectados los centros donde ellos ganaban y fue donde metimos los votos», además de referencias a un plan para anular actas de votación.
Moncada también invocó denuncias previas del exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, sobre una presunta injerencia extranjera y esquemas de fraude, y pidió un análisis que compare esas declaraciones con las denuncias de fraude formuladas después de los comicios.
Cabe señalar que, hasta el momento, estas afirmaciones corresponden a la versión de Moncada y no han sido confirmadas de forma independiente ni por el Ministerio Público ni por una autoridad judicial.
Cerimedo es un comunicador, periodista y estratega digital argentino, nacido en 1981, que dirige la agencia Numen Publicidad y fundó el medio La Derecha Diario. Se describe a sí mismo como representante de la derecha regional y ha asesorado previamente campañas como la del presidente argentino Javier Milei.
Su método de trabajo se ha caracterizado por tácticas de confrontación en redes sociales y lo que él mismo llama «campaña negativa», y ha reconocido públicamente coordinar redes de cuentas automatizadas («trolls») en procesos electorales.
Su nombre también ha sido mencionado en una investigación del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre una presunta conspiración en 2022 vinculada a la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante la campaña hondureña de 2025, Cerimedo operó desde la sede del Partido Nacional en Tegucigalpa y difundió proyecciones de voto favorables a Asfura. En medio del conteo de actas, protagonizó intercambios públicos con la entonces presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a quien cuestionó por presunta falta de transparencia, lo que generó reacciones de rechazo de varios diputados, entre ellos Maribel Espinoza, quien le pidió abstenerse de injerencias como extranjero en el proceso. El CNE proclamó a Asfura presidente electo el 24 de diciembre de 2025.
El pasado 18 de agosto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia detuvo a Cerimedo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba viajar a Buenos Aires.
Las autoridades bolivianas lo investigan por su presunta participación en un ataque contra su expareja, Nadia Beller, y permanece bajo custodia enfrentando cargos relacionados con tentativa de feminicidio.
Medios locales han reportado además la apertura de una investigación paralela por presunto enriquecimiento ilícito. El proceso penal en curso contra Cerimedo es, hasta ahora, exclusivamente boliviano y no está vinculado formalmente a los comicios hondureños.
La detención de Cerimedo reavivó cuestionamientos políticos en Honduras sobre el proceso electoral de 2025. Desde Libre, Moncada señaló que el arresto demuestra que «no hay crimen perfecto».
El excandidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también relacionó a Cerimedo con presuntas irregularidades en la transmisión de resultados. El Partido Nacional, por su parte, ha sostenido que el trabajo de Cerimedo se limitó a una asesoría legítima en estrategia digital.
Según lo reportado hasta ahora, no existe en Honduras una investigación judicial formal contra Cerimedo por delitos electorales; las acusaciones de fraude e injerencia extranjera se mantienen, por el momento, en el terreno político y mediático, sin que se hayan presentado conclusiones judiciales al respecto. La solicitud de Moncada al Ministerio Público busca precisamente trasladar esas denuncias al ámbito de una investigación formal.
