TEGUCIGALPA, Honduras
Las negociaciones en el Congreso Nacional para aprobar la reforma integral al subsector eléctrico continúan sin desenlace, luego de que el proyecto quedara nuevamente detenido a la espera de un dictamen definitivo entre las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal.
Ante la falta de avances legislativos, el Poder Ejecutivo evalúa recurrir a decretos ejecutivos, conocidos como PCM, para atender de forma temporal los asuntos energéticos que están dentro de su competencia.
El secretario de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, el diputado Mario Pérez, reconoció que la reforma se encuentra empantanada tras la conformación de nuevas comisiones de revisión a lo interno del Partido Liberal, lo que ha retrasado la entrega de un dictamen unificado.
Según explicó, pese a los acercamientos iniciales entre las bancadas para conciliar las propuestas del Poder Ejecutivo y del liberalismo, la falta de consenso mantiene paralizada la discusión del tercer y último debate en el pleno del Congreso.
Pérez indicó que las condiciones políticas para aprobar la reforma en los próximos días son reducidas, y que buena parte del desenlace depende del respaldo que finalmente pueda ofrecer la bancada liberal.
El Congreso ya había pospuesto la discusión del proyecto el pasado 11 de agosto, a solicitud del propio Poder Ejecutivo, con el objetivo declarado de priorizar el consenso entre las fuerzas políticas antes que la rapidez en la aprobación.
Legisladores han señalado también que, de manera reciente, el Congreso Nacional se ha planteado avanzar hacia un acuerdo, con la expectativa de construir consenso en un plazo aproximado de 15 días, aunque hasta el momento no se ha fijado una fecha de votación.
Frente al freno de la iniciativa en el Congreso, cobra fuerza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo utilice decretos dentro de sus propias competencias, conocidos como PCM, para atender de forma temporal algunos de los requerimientos operativos más urgentes del sistema eléctrico nacional.
Pérez explicó que esta vía permitiría, entre otras cosas, ejecutar una licitación de compra de energía a corto plazo, orientada a reducir de manera inmediata los costos actuales de adquisición de potencia.
El gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Guillermo Peña Panting, confirmó que un PCM podría ampliar el margen de acción operativa de la estatal ante el estancamiento de las reformas, aunque precisó que su alcance sería temporal y estaría limitado al período que determine el Poder Ejecutivo.
Peña Panting señaló que la ENEE concentra actualmente sus esfuerzos en identificar los problemas legales, demandas y contratos vigentes de la empresa, con el fin de establecer con claridad las obligaciones que deben atenderse en el corto plazo.
Tanto legisladores como representantes de la empresa privada coinciden en que la vía del PCM tendría un alcance limitado frente a lo que implicaría una reforma integral aprobada por el Congreso Nacional mediante ley.
Pérez advirtió que un decreto ejecutivo permitiría resolver asuntos administrativos o impulsar procesos de contratación energética de corto plazo, pero no sustituiría los cambios estructurales que requiere el sistema eléctrico hondureño, ni permitiría avanzar en la licitación de largo plazo prevista para cubrir las necesidades energéticas del país durante la próxima década.
En la misma línea se pronunció la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, quien manifestó su preocupación por el estancamiento del proyecto en el Congreso y consideró necesario que la reforma avance para fortalecer el marco jurídico y administrativo de la ENEE.
Gallardo advirtió que una eventual solución mediante decreto PCM no tendría el mismo alcance que una reforma integral aprobada por la vía legislativa, y señaló que mantener el escenario actual podría retrasar las mejoras que requiere la estatal eléctrica, además de tener repercusiones en las inversiones del país.
De no lograrse un acuerdo en el Congreso, el país continuaría enfrentando los efectos que las propias autoridades han señalado como consecuencia de la falta de reforma: una factura eléctrica más cara, mayor riesgo de apagones en época de verano y pérdidas financieras para el Estado que, según ha planteado el diputado Pérez, podrían destinarse a otras áreas como carreteras, medicinas, seguridad o educación.
Mientras el Congreso Nacional busca destrabar el tercer debate en las próximas semanas, el Poder Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de recurrir a los PCM como una salida temporal que le permita atender parte de la situación mientras se define el futuro de la reforma integral.
