TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó un nuevo señalamiento sobre el manejo de recursos públicos canalizados a través del Fondo de Administración Solidaria del Congreso Nacional, en el que involucra directamente a un grupo de diputados del partido Libertad y Refundación (Libre).
Según el informe divulgado por la organización, unos 26 legisladores de esa bancada gestionaron más de 53 millones de lempiras en cupones y certificados alimenticios entre 2023 y 2025, recursos que formaban parte del fondo creado para financiar becas, ayudas sociales y obras de infraestructura menor.
De acuerdo con la ASJ, las instituciones responsables de ejecutar estos recursos no han presentado los informes de liquidación correspondientes, lo que impide conocer con precisión el destino final del dinero entregado.
Este señalamiento se suma a un informe más amplio presentado por la misma organización, en el que advierte que, entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional canalizó más de mil 837 millones de lempiras a través del Fondo de Administración Solidaria, una línea presupuestaria originalmente diseñada para atender gastos de emergencia.
La ASJ señala que, aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) figuran formalmente como ejecutoras de esos recursos, en la práctica eran los propios diputados quienes presentaban los proyectos, solicitaban los beneficios y gestionaban su entrega directa en las comunidades.
La organización también ha documentado en meses previos otros señalamientos relacionados con este fondo, entre ellos un caso vinculado a la organización no gubernamental Jóvenes Metas, que habría recibido transferencias millonarias provenientes de recursos parlamentarios, así como presuntas irregularidades en convenios suscritos entre Sedesol y distintas entidades sociales, actualmente bajo investigación de las autoridades.
Entre sus recomendaciones, la ASJ ha planteado la aprobación de una Ley de Administración de Subvenciones, la publicación oportuna de los listados de beneficiarios y los informes de liquidación de estos fondos, así como la prohibición expresa de que los diputados intermedien directamente en la entrega de ayudas financiadas con recursos públicos, particularmente en años electorales.
Hasta el momento, no se ha registrado un pronunciamiento oficial por parte de la bancada de Libre en respuesta a los señalamientos más recientes de la ASJ.
