TEGUCIGALPA, Honduras
Dereck Isaac McNeil James, testigo protegido en las investigaciones derivadas de la desaparición de Angie Samantha Peña, fue asesinado a tiros el 17 de agosto en Roatán, Islas de la Bahía, mientras se desplazaba en su vehículo tras dejar a su hijo en un centro educativo.
Su muerte ocurrió a tres semanas del inicio del juicio contra la estructura conocida como Delta Teams, en el que estaba citado a declarar.
Días después del crimen, la Policía Nacional capturó en La Ceiba a Jeremías Ávila Dilbert, señalado como presunto autor material, y las autoridades informaron que existe orden de captura contra otro autor material y un presunto autor intelectual.
McNeil se desempeñó como escribiente en juzgados de Islas de la Bahía. Fue imputado por el Ministerio Público por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, y posteriormente negoció con la Fiscalía su participación como testigo en las investigaciones contra los Delta Teams, tanto en el expediente vinculado a Angie Peña como en otras causas relacionadas con la misma estructura.
Su abogado, Lucio Ferrera, denunció que McNeil solicitó en varias ocasiones medidas de protección, incluso de manera directa al fiscal general, y que la única «protección» que recibió fue la reserva de su nombre en el expediente, sin resguardo físico.
La familia de Angie Peña señaló, además, que su identidad había sido revelada públicamente en 2024 por un abogado defensor de imputados en el caso, en una entrevista televisiva.
Tras su asesinato circularon un audio y un video grabados por McNeil antes de morir. En ellos afirmó haber visto a Angie Peña con vida, aseguró conocer la identidad de los integrantes de los Delta Teams y dijo tener conocimiento de transacciones económicas relacionadas con la joven.
Sostuvo también que la estructura contaba con la participación o protección de personas vinculadas a la política y a instituciones del Estado, y admitió haber tenido un pasado delictivo.
En sus declaraciones ante la Fiscalía habría señalado a una jueza y a dos policías por supuestos vínculos con la organización. La autenticidad, el alcance y el valor procesal de esas grabaciones deberán ser determinados por las autoridades y el tribunal.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, y el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, descartaron que el asesinato esté vinculado con el caso Angie Peña.
Velásquez señaló que las líneas de investigación apuntan a móviles distintos, entre ellos una posible venganza por una estafa, y argumentó que McNeil ya había rendido su declaración, por lo que su muerte no afectaría el proceso. Indicó también que la víctima no era abogado colegiado, pese a presentarse como tal.
Esa versión ha sido cuestionada por la familia de Angie Peña, por la exsubsecretaria de Seguridad Julissa Villanueva y por periodistas que han seguido el caso, quienes advierten sobre intentos de desacreditar al testigo y sobre la falta de garantías del Estado para quienes colaboran en investigaciones de crimen organizado.
Organizaciones de DDHH recordaron antecedentes de otros colaboradores asesinados antes de declarar en procesos de alto impacto.
De acuerdo con el Ministerio Público, los Delta Teams comenzaron a operar alrededor de 2019 en Islas de la Bahía, con base logística en Roatán, y su existencia se hizo pública en abril de 2024 tras una serie de capturas.
La Fiscalía vincula a la estructura con trata de personas en la modalidad de venta, explotación sexual, incluida la de menores de edad, asociación para delinquir, tráfico de drogas y de armas, así como con mecanismos de control e intimidación sobre las víctimas. Las investigaciones patrimoniales derivaron en el aseguramiento de un resort y una decena de vehículos.
La Fiscalía mantiene además investigaciones abiertas contra policías y servidores judiciales presuntamente relacionados con la organización.
El juicio oral y público contra cuatro señalados integrantes de la estructura inició el 7 de septiembre ante la Sala I del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia penal, bajo un régimen de secretividad absoluta solicitado por el Ministerio Público para proteger a las víctimas y la integridad de las pruebas.
Los procesados son los estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, acusados de trata de personas en la modalidad de venta, y el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, acusados de asociación para delinquir.
Johnston ya fue condenado en otro proceso a 32 años y seis meses de prisión por trata agravada y pornografía infantil, en delitos contra otras víctimas.
Entre las pruebas anunciadas figuran vaciados telefónicos, testimonios anticipados de víctimas protegidas y peritajes financieros, y se prevé que el debate se extienda hasta la segunda quincena de septiembre.
Este proceso podría aportar una reconstrucción de cómo operaba la estructura, pero no determina por sí mismo qué ocurrió con Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022 tras salir en una moto acuática desde West Bay, Roatán, a los 22 años. Más de cuatro años después, su paradero sigue sin esclarecerse.
