TEGUCIGALPA, Honduras
Una joven que estuvo bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) denunció públicamente este viernes que fue víctima de una agresión sexual dentro de las instalaciones de la institución, presuntamente cometida por un psicólogo que la atendía, y aseguró que como consecuencia del hecho quedó embarazada.
La denuncia se conoció a través de una entrevista televisiva en la que la joven, cuya identidad se mantiene en reserva, relató que creció en distintas casas hogar, que pasó por una etapa en situación de calle y que ingresó a la Senaf en una condición emocional delicada, por lo que recibía acompañamiento psicológico.
Según su versión, el profesional le ofreció una bebida tras la cual perdió el conocimiento, y al despertar encontró indicios de haber sido agredida. Afirmó además que el señalado habría cometido actos similares contra otras adolescentes y que decidió hacer público su caso porque considera que no ha recibido respuesta de las autoridades.
La titular de Niñez, Adolescencia y Familia, Ada María Mejía Signorelli, afirmó que la situación la tiene perpleja y que la institución ya está tomando acciones.
Explicó que el caso fue asignado a un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de distintas áreas, cuya valoración se espera antes de emitir conclusiones, y sostuvo que no encubrirá a ningún empleado si se determina que incurrió en alguna irregularidad.
La funcionaria señaló que hasta el momento la institución no cuenta con una denuncia verificada por las instancias correspondientes, y recordó que el personal que ingresa a la Secretaría debe pasar por los filtros de selección establecidos.
En sus declaraciones indicó además que, de acuerdo con los registros institucionales, la denunciante sería mayor de edad, extremo que la joven rechazó y que ha generado una controversia paralela sobre su edad.
El Ministerio Público informó, a través de su portavoz, que la joven presentó la denuncia en febrero de este año ante el Módulo de Atención Integral Especializado, desde donde el caso fue remitido a la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer al considerarse que la denunciante ya había cumplido 18 años.
Según la institución, se realizaron tres intervenciones con personal especializado y un fiscal para brindarle asesoría y orientación, y se le explicó la necesidad de practicarle evaluaciones médicas y psicológicas para sustentar el proceso.
El ente acusador sostuvo que esas evaluaciones no pudieron realizarse por la negativa de la joven, que no acudió a la cita programada en Medicina Forense en mayo y que no proporcionó un domicilio ni un número de contacto para ubicarla.
La Fiscalía aseguró que en ningún momento se le negó el acceso a la justicia, lamentó la forma en que el caso trascendió a la opinión pública por tratarse de un asunto delicado, y reiteró que la investigación continúa abierta, con un llamado público a la denunciante para que colabore con las diligencias.
La joven, por su parte, respondió que las discrepancias sobre su edad buscan desviar la atención de las evidencias y acusó a la institución de proteger al señalado.
Hasta el cierre de esta nota no se había informado sobre medidas administrativas contra el psicólogo señalado, cuya identidad no ha sido divulgada, ni existe un requerimiento fiscal en su contra.
La denuncia se suma a otros señalamientos recientes sobre las condiciones en centros de cuidado bajo supervisión estatal, que han motivado inspecciones y llamados de organizaciones de defensa de la niñez.
