TEGUCIGALPA, Honduras
La nueva estructura de precios de los combustibles entró en vigencia a las 12:01 de la madrugada de este lunes 5 de octubre, con alzas en la mayoría de los derivados.
La excepción es el diésel, cuyo precio se congela durante 30 días luego de que el Gobierno decidiera asumir el impuesto que lo grava.
En Tegucigalpa, la gasolina superior sube 3.44 lempiras y se cotiza en 156.61 por galón, la regular aumenta 2.66 y llega a 137.92, el queroseno sube 5.03 y se ubica en 143.42, y el GLP vehicular aumenta 1.87 y alcanza 53.79.
El diésel se mantiene en 153.53 lempiras y el GLP doméstico, en 249.62. En San Pedro Sula, la superior sube 3.31 hasta 152.00, la regular aumenta 2.57 hasta 133.55 y el diésel permanece en 149.29 lempiras.
El Gobierno anunció el sábado que durante 30 días, hasta el 4 de noviembre, el Estado asumirá los 12.01 lempiras por galón que corresponden al Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) aplicado al diésel.
El secretario de Energía, Eduardo Oviedo, explicó que la decisión responde al clamor de la población y de algunos sectores para que el impuesto sea eliminado, aunque precisó que no se trata de su supresión, sino de asumir temporalmente su equivalente.
Funcionarios explicaron que, sin esta medida, el ajuste semanal habría representado un incremento considerable para el diésel. El secretario de Finanzas, Emilio Hernández, indicó que se trata de una medida temporal que implica un sacrificio fiscal, pues el Estado dejará de percibir esos recursos durante el período.
En términos prácticos, el consumidor no verá una rebaja de 12 lempiras en la bomba. El efecto es que el precio no sube, mientras el impuesto sigue vigente y es cubierto por el Estado.
Durante octubre se mantiene el subsidio equivalente al 70 por ciento del incremento de la gasolina regular, que el Gobierno había reforzado a finales de septiembre, así como un apoyo de 54 lempiras por cilindro de GLP de uso doméstico.
La decisión llega tras semanas de alzas consecutivas, presionadas por los precios internacionales ante el conflicto armado en Oriente Medio, y después de protestas y tomas en distintos puntos del país.
El 2 de octubre se registraron paralizaciones del transporte en localidades como Gracias, Lempira, y Villanueva y otras zonas de Cortés. Desde marzo, diputados de Libre y de la bancada liberal habían pedido eliminar o reducir el impuesto a los combustibles.
Días antes del anuncio, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, propuso suspender el ACPV por seis meses en todos los combustibles. Según su cálculo, la gasolina superior habría bajado cerca de 26 lempiras por galón. El Gobierno había sostenido que el tributo es una fuente clave de ingresos del Estado.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respaldó la medida y la calificó como una decisión que contribuirá a aliviar los costos para la población, especialmente para los sectores de menores ingresos, en un contexto de presión internacional sobre los precios.
Desde el transporte, el dirigente Wilmer Cálix reconoció que la medida favorece al sector, pero sostuvo que «no es suficiente», al considerar que llega después de varios meses de incrementos y no compensa el impacto acumulado.
El Consejo Nacional de Transporte realizó una asamblea nacional para evaluar la respuesta del Gobierno. Posteriormente, los transportistas descartaron un paro durante la Semana Morazánica, solicitaron una reunión urgente con el presidente Nasry Asfura y dieron un plazo al Ejecutivo.
Si no hay respuestas, convocarían a una asamblea extraordinaria para definir nuevas acciones.
Las autoridades darán seguimiento al comportamiento de los precios internacionales durante el período de 30 días.
El transporte espera la reunión solicitada con el Ejecutivo, mientras persiste la interrogante sobre qué ocurrirá con el diésel una vez concluya la medida el 4 de noviembre.
