TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional continúa en la búsqueda de acuerdos entre bancadas para sacar adelante un paquete de reformas electorales, un camino que depende de una cifra que lo condiciona todo: los 86 votos que exige una mayoría calificada. Ninguna fuerza política los alcanza por sí sola, así que cada tema se negocia uno por uno.
El proceso tomó forma a finales de agosto, cuando el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, presentó ante el pleno un anteproyecto que modifica cerca de 20 artículos de la Ley Electoral.
La propuesta incluye cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, con mayores responsabilidades y sanciones para los consejeros que se ausenten sin justificación, así como ajustes al sistema de transmisión de resultados preliminares.
La iniciativa pasó a la Comisión de Asuntos Electorales, que preside Antonio Rivera, y desde el inicio fue acompañada por un punto de debate: no contemplaba la segunda vuelta, una de las demandas de sectores de oposición, especialmente de la bancada liberal. Zambrano ha dicho que el tema sigue abierto a discusión.
Mientras tanto, el Congreso ha ido recogiendo insumos. Pidió la opinión técnica del CNE y recibió propuestas de organizaciones de sociedad civil, entre ellas una elaborada por diez organizaciones con acompañamiento del PNUD.
Según la comisión, ya se acumulan más de 80 propuestas, que se pretende unificar en un solo dictamen para discutirlas artículo por artículo.
Entre los temas sobre la mesa están la ciudadanización de las mesas electorales, la regulación de los escrutinios especiales y la conversión del sistema de transmisión de resultados en una plataforma permanente del CNE.
La segunda vuelta y la participación ciudadana en las mesas son los puntos que se perfilan como los más difíciles de acordar.
Desde la comisión se ha reconocido que no todo lo propuesto alcanzará los votos necesarios, y se espera aprobar al menos la mitad de las iniciativas.
Mientras tanto, organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción han pedido al Congreso definir fechas concretas para aprobarlas antes de que termine 2026.
Lo que se apruebe deberá además ratificarse en una segunda legislatura para estar vigente antes de las próximas elecciones generales.
