TEGUCIGALPA, Honduras
La deportación de migrantes hondureños hacia África, un destino que hasta hace poco parecía improbable, se ha convertido en un nuevo foco de atención para las autoridades y las familias.
Entre los países receptores figura Liberia, que en agosto comenzó a recibir personas expulsadas de EE.UU. bajo un acuerdo que contempla el traslado de hasta mil 200 migrantes de distintas nacionalidades en el plazo de un año.
El primer vuelo aterrizó a finales de agosto con una veintena de deportados, y desde entonces se han conocido casos de hondureños que fueron enviados a ese país sin ser originarios de él ni tener vínculo alguno con su territorio.
Se trata de la llamada deportación a terceros países, una práctica que Washington ha ampliado en los últimos meses con acuerdos similares en otras naciones africanas.
Los relatos de quienes han pasado por esta experiencia describen incertidumbre. Un hondureño que viajaba en uno de los vuelos contó que un grupo se negó a bajar del avión porque aseguraba que ese no era su país y que corría peligro, y que posteriormente fue separado del resto.
Organizaciones de defensa de migrantes sostienen que muchas de estas personas son expulsadas con poco aviso, sin claridad sobre su situación legal y, en algunos casos, pese a contar con protecciones que les impedían ser devueltas a su país de origen.
Las autoridades liberianas, por su parte, han presentado la medida como un gesto humanitario y han dicho que quienes lleguen podrán solicitar asilo o salir cuando lo deseen.
En Honduras, la respuesta oficial ha sido bien discreta. La cancillería ha indicado que da seguimiento a los casos de connacionales deportados al continente africano y que está dispuesta a facilitar su retorno voluntario al país.
Sin embargo, algunos de los afectados aseguran que no pueden volver porque huyeron de amenazas, y familiares han señalado que la comunicación con las autoridades ha sido escasa.
El Comisionado Nacional de DDHH pidió al Gobierno activar de inmediato la asistencia consular para verificar el estado de estos migrantes y garantizarles documentos que les permitan movilizarse.
El tema se suma a un escenario migratorio ya complejo, con más de 30 mil hondureños deportados en lo que va del año y la preocupación por el fin del TPS, frente al cual el Ejecutivo gestiona con Washington una transición ordenada.
