TEGUCIGALPA, Honduras
La Ley de Empleo a Tiempo Parcial, aprobada en marzo con la promesa de generar miles de puestos de trabajo, ha tenido hasta ahora un alcance muy limitado, y el Congreso Nacional ya analiza cambios para hacerla más flexible.
El Congreso aprobó la ley el 25 de marzo con 93 votos a favor, sin el respaldo de la bancada de Libre, y entró en vigencia con su publicación en La Gaceta.
La norma regula contratos de entre 18 y 32 horas semanales, con derechos proporcionales como vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, y acceso a la seguridad social.
También establece que quien supere el máximo de horas por tres meses seguidos pasa a ser considerado empleado de jornada completa. Reemplazó a la antigua Ley de Empleo por Hora, derogada en 2022.
La patronal llegó a estimar que podría generar más de 250 mil empleos, pero las cifras de registro han estado muy por debajo. A mediados de julio se reportaban alrededor de 60 solicitudes de registro.
Según datos de la Secretaría de Trabajo, a finales de ese mes había 206 contratos inscritos, y en agosto se hablaba de 262 en cinco meses. Otras cifras conocidas apuntan a unos 267 contratos hasta inicios de septiembre.
El secretario de Trabajo, Fernando Puerto, ha sostenido que el Gobierno implementó la ley en su totalidad y que ahora depende del interés de los aparatos productivos celebrar contratos bajo esta modalidad.
Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, reconoció que los resultados no cumplen con las proyecciones.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), su presidenta, Anabel Gallardo, afirmó que la ley no ha generado los resultados esperados y que su propuesta busca facilitar la contratación de estudiantes, madres, adultos mayores y personas que no pueden cumplir una jornada de ocho horas.
Aclaró que la modalidad debería ser voluntaria y no usarse para reducir horas a quienes ya trabajan a tiempo completo. Otros dirigentes empresariales han ido más lejos y han calificado la ley de fracasada tal como está planteada.
La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) pide eliminar el mínimo de horas, para no dejar fuera a quienes necesitan jornadas más cortas, y revisar el régimen de sanciones. Además, el Cohep señala que la ley no fue consultada antes de su aprobación y que los trámites y las cargas resultan engorrosos.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó una revisión integral de la normativa. Afirmó que la ley se creó para generar empleo, especialmente para jóvenes que estudian, y adelantó que alcaldías y secretarías de Estado también han pedido espacio para usarla.
La Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales inició reuniones de socialización con el sector privado. En esos primeros encuentros se analizaron ajustes al límite mínimo de horas semanales, pensando en técnicos, docentes y profesionales de la salud.
Hasta este martes, sin embargo, la diputada Sara Zavala indicó que el Legislativo aún no recibe la propuesta formal del Cohep. Describió la ley como muy garantista y reconoció que algunos actores consideran un obstáculo el mínimo de 18 horas, porque sus actividades requieren menos. Añadió que el Congreso evaluará qué cambios mantener o modificar cuando reciba los planteamientos.
Las centrales obreras han advertido que una mayor flexibilización podría derivar en precarización laboral. Temen que se repita lo ocurrido con la antigua Ley de Empleo por Hora, cuando, según sus dirigentes, algunas empresas despidieron personal para recontratarlo con menos salario y prestaciones.
El presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Cruz, ha dicho que no se descartan cambios, pero que no está de acuerdo con una ley parecida a la derogada.
El debate gira ahora en torno a una pregunta de fondo: qué tan flexible puede ser la modalidad de empleo parcial sin reducir las garantías de los trabajadores, en un país donde la mayoría del empleo sigue siendo informal.
