TEGUCIGALPA, Honduras
El defensor de derechos humanos Joaquín Mejía advirtió que las reformas penales impulsadas en Honduras guardan similitudes con las aprobadas en Nicaragua, y alertó sobre el riesgo de que se usen contra quienes defienden territorios o critican al poder. Lo planteó en una serie de mensajes publicados en la red social X.
Mejía recordó que sectores hoy en el gobierno criticaron durante años a la administración anterior con el argumento de que el país se encaminaba a parecerse a Nicaragua. A su juicio, las nuevas reformas acercan a Honduras a ese modelo.
El punto central de su cuestionamiento es la propuesta que permitiría allanar inmuebles sin orden judicial en zonas donde operen grupos declarados terroristas.
Mejía la comparó con las reformas al Código Procesal Penal de Nicaragua, de abril de 2026 que, según él, facultan a la Policía a allanar, intervenir comunicaciones y confiscar bienes sin autorización de un juez.
Su preocupación es que la definición de terrorismo es tan amplia y vaga que podría aplicarse a personas que defienden bienes comunes o mantienen una postura crítica frente al uso arbitrario del poder.
Como ejemplo citó el caso de los defensores del río San Pedro y de Guapinol, quienes fueron juzgados por criminalidad organizada y recluidos en una cárcel de máxima seguridad. Se preguntó quién garantiza que los allanamientos no se usarán contra la disidencia.
Para sustentar su advertencia, Mejía citó el Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ). Según esos datos, el 86 por ciento de las personas cree que jueces y magistrados protegen los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y narcotraficantes.
Además, el 80.2 por ciento dijo no confiar en el Ministerio Público, el 77.1 por ciento en la Policía Nacional, el 71.3 por ciento en el Conadeh, el 67.8 por ciento en la Policía Militar y el 66.9 por ciento en las FFAA.
Mejía concluyó que las coincidencias con Nicaragua responden a un patrón regional de endurecimiento penal que, en ese país, ha servido para perseguir a opositores, periodistas y defensores de libertades, y cuestionó dónde están quienes antes decían no querer ser como Nicaragua.
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad, en septiembre, un primer paquete de reformas que establece un régimen especial contra los grupos declarados terroristas, entre ellos la MS-13, la Pandilla 18 y el Cartel del Diablo. Ese paquete incluye traslado a cárceles de máxima seguridad y la eliminación de medidas sustitutivas.
Una segunda fase, anunciada esta semana por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, contempla los allanamientos sin orden judicial previa en inmuebles donde haya indicios de presencia de esas estructuras, además de ampliar de 24 a 48 horas el plazo para presentar requerimientos fiscales y exigir el cumplimiento total de las condenas por terrorismo.
El Legislativo espera la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que, según Zambrano, no es vinculante.
Zambrano ha defendido la medida argumentando que obtener una orden judicial puede tardar una o dos semanas y que, cuando llega, los sospechosos ya se han ido. También aseguró que los allanamientos estarán acompañados por fiscales.
