TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público (MP) presentó este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional Luis Redondo Guifarro y contra 11 exintegrantes de la extinta Comisión Permanente, entre ellos actuales diputados.
Según la información preliminar, se les atribuyen presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública. Aún no se conoce el contenido íntegro del documento ni el detalle de los hechos que se les imputan.
El pleno de la CSJ debe designar al juez natural que conocerá el caso. Tras ese paso, los acusados podrían presentarse de forma voluntaria a través de sus abogados, lo que permitirá fijar la fecha de la audiencia de declaración de imputado.
Un requerimiento fiscal es el inicio formal del proceso penal y no implica una condena.
El órgano funcionó durante la administración legislativa de 2022 a 2026 y fue derogado en abril de este año, cuando el pleno del Congreso también eliminó los recesos de mitad y fin de año.
En octubre de 2025, tras meses sin sesiones ordinarias, Redondo clausuró las actividades del pleno e instaló la comisión. Sus decisiones generaron controversia, porque, según sus críticos, excedieron las facultades que le confieren la Constitución y las leyes.
Entre las actuaciones bajo revisión figura la designación interina de Johel Zelaya como fiscal general y de Mario Morazán como fiscal adjunto, en noviembre de 2023, en medio del desacuerdo entre las bancadas para elegir a las autoridades del MP.
También se investiga el papel de la comisión en el proceso poselectoral, cuando, en enero de 2026, ordenó mediante decreto un recuento de votos de las elecciones generales y pidió a la CSJ pronunciarse sobre los recursos presentados, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había validado los resultados.
En mayo de 2026, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) citó a Redondo y a los exintegrantes, nueve propietarios y cuatro suplentes.
Posteriormente, el MP promovió diligencias prejudiciales y solicitó juramentar a un perito para analizar los videos de la sesión legislativa del 8 de enero.
El abogado de Redondo, Mario Rojas, cuestionó esa petición, aseguró que no existía una acusación formal y anunció que pediría dejar sin efecto el nombramiento del perito. La jueza natural fijó una audiencia sobre ese trámite para el 4 de noviembre.
En el ámbito judicial, la Sala Constitucional del Poder Judicial admitió recursos de amparo a favor de exintegrantes de la comisión.
En uno de ellos ordenó provisionalmente impedir un requerimiento fiscal mientras se resolvía la acción constitucional.
Cuando se conocieron las primeras citaciones, la bancada de Libre denunció persecución política y aseguró que las actuaciones de la comisión ocurrieron en un contexto de alta conflictividad institucional y constitucional.
Su jefe de bancada, Ronald Panchamé, sostuvo que el Ministerio Público está al servicio del nuevo gobierno. El coordinador general del partido, Manuel Zelaya, expresó su solidaridad con Redondo y con los investigados, y habló de lawfare, término con el que se describe el uso del sistema judicial con fines políticos.
Desde la otra postura, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ha afirmado que los abusos de la comisión contra la Constitución fueron evidentes.
La exdiputada Fátima Mena señaló que el órgano se atribuyó facultades que correspondían al pleno, y recordó que la investigación debía determinar si hubo responsabilidad penal.
