TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó anoche un paquete de reformas penales, procesales y penitenciarias orientado a endurecer la respuesta del Estado frente a maras, pandillas y otras estructuras criminales ahora tipificadas como asociaciones terroristas.
La nueva Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas obtuvo 118 votos a favor y 10 abstenciones, y entrará en vigor una vez sea publicada en La Gaceta.
La iniciativa, impulsada desde el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que preside el presidente Nasry Asfura, modifica disposiciones del Código Penal, del Código Procesal Penal y de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional.
Su propósito declarado es dotar a las autoridades de mayores herramientas para investigar, perseguir y sancionar a estas organizaciones, así como para neutralizar los símbolos y mecanismos con los que ejercen control territorial e intimidación en las comunidades.
Entre los cambios más significativos destaca el incremento de las penas. Quienes integren una asociación terrorista podrán ser condenados a entre 30 y 40 años de prisión.
Para los cabecillas, directivos, promotores y financistas las sanciones van desde los 40 años hasta la prisión perpetua. Quienes colaboren con estas estructuras sin formar parte formal de ellas enfrentarán penas de 20 a 30 años.
La ley también establece prisión perpetua cuando se cometa un asesinato contra miembros de los cuerpos de seguridad o funcionarios de sistema de justicia en razón de su cargo.
Asimismo, se elimina el beneficio de libertad condicional y preliberación para las personas condenadas por estos delitos. La normativa tipifica como forma de integración o colaboración la elaboración, difusión o colocación de grafitis y otras expresiones visuales que aludan a estas organizaciones, especialmente cuando transmitan mensajes de pertenencia, amenaza o control territorial.
En el ámbito procesal, la prisión preventiva será obligatoria para quienes sean imputados por asociación terrorista y no podrá sustituirse por medidas cautelares alternativas.
Se autoriza a los agentes de seguridad, en coordinación con un fiscal, a realizar allanamientos y registros sin orden judicial previa en operaciones urgentes cuando existan indicios fundados de que en un inmueble se encuentran miembros de estas estructuras, armas o evidencias en riesgo de desaparecer.
El plazo para presentar ante un juez a las personas detenidas por estos delitos, así como por tráfico de drogas, secuestro y extorsión, se amplía a 48 horas.
En el sistema penitenciario se crea una Fuerza Especial encargada de la custodia y el control de los módulos de máxima seguridad, se implementa la identificación biométrica obligatoria y se establecen normas de presentación personal para impedir el uso de distintivos de jerarquía o pertenencia.
La ley también faculta la neutralización de drones sobre centros penitenciarios y autoriza a los cuerpos de seguridad a eliminar de manera inmediata grafitis y símbolos alusivos a estas organizaciones tanto en espacios públicos como privados.
El decreto fue aprobado con dispensa de dos debates, después de que una comisión especial emitiera dictamen favorable el mismo martes.
Las autoridades deberán ahora adecuar los reglamentos correspondientes para que las nuevas disposiciones puedan aplicarse una vez entren en vigencia.
