TEGUCIGALPA, Honduras
La audiencia de declaración de imputado prevista ayer contra exintegrantes de la extinta Comisión Permanente del Congreso Nacional quedó suspendida antes de iniciarse.
Cuatro equipos de defensa presentaron recursos de recusación contra la jueza natural Anny Belinda Ochoa, designada para conocer el proceso.
Las defensas solicitaron apartar a la magistrada del caso. Argumentaron un posible conflicto de interés por una supuesta afinidad política con el Partido Nacional y señalaron que habría emitido opiniones extrajudiciales o declaraciones públicas sobre el expediente, lo que, a su criterio, podría afectar su imparcialidad.
Estos planteamientos corresponden a los argumentos de la defensa y deberán ser resueltos por la autoridad judicial competente.
La presentación de las recusaciones impidió que la audiencia se desarrollara. Según el Poder Judicial, la magistrada Ochoa Medrano deberá elaborar un informe y remitir el expediente a la Corte de Apelaciones, que decidirá si procede o no separarla del conocimiento de la causa. Hasta que se resuelvan de manera definitiva los recursos, no se podrá fijar una nueva fecha para la audiencia.
El requerimiento fiscal del Ministerio Público involucra a 14 personas por un total de 21 delitos relacionados con las actuaciones de la Comisión Permanente durante el período legislativo 2022-2026.
Entre las acusaciones figuran usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios y, en algunos casos, perturbación ilícita del funcionamiento de las instituciones y falsedad en documentos públicos.
Luis Redondo, expresidente del Congreso, enfrenta cargos por perturbación ilícita, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, es señalado por tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.
Luz Angélica Smith Mejía es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios. El resto de los señalados —Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga— son acusados principalmente de usurpación de funciones.
Las actuaciones cuestionadas se vinculan a decisiones adoptadas por la Comisión Permanente en materia electoral, incluido el Decreto 58-2025.
Ninguno de los imputados ha sido declarado culpable. El proceso se encuentra en su etapa inicial.
Antes de la suspensión, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia, acompañados por militantes del partido Libertad y Refundación (Libre).
No comparecieron Luis Redondo, contra quien existe orden de captura y alerta internacional, ni Edis Moncada, quien también tiene orden de captura.
Al llegar a las instalaciones judiciales, varios de los afectados expresaron su posición. Juan Barahona calificó el caso de persecución política y sostuvo que no cometieron delito alguno: “Si no hemos cometido ningún delito, ¿por qué vamos a huir? Vamos a enfrentar la cita que se nos ha dado”.
Luz Angélica Smith declaró que esperan que se garantice el debido proceso y el derecho a la defensa, y afirmó que no tienen temor porque no han cometido ningún delito.
En otras declaraciones, señaló que no los investigan por corrupción ni narcotráfico, sino por haber solicitado el conteo de actas conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso.
Fabricio Sandoval sostuvo que “no es ningún delito contar votos” y que el pueblo merece saber la verdad. Sobre la recusación, afirmó que la afiliación política atribuida a la jueza es de conocimiento público.
Kritza Pérez manifestó voluntad de presentarse y colaborar, pero describió el proceso como una persecución política y aclaró que no los investigan por corrupción ni lavado de activos, sino por la defensa de la democracia. Scherly Arriaga dijo que “estamos de frente, no hemos cometido ningún delito. Estamos a favor de la democracia y debemos seguir insistiendo en que se cuenten los votos”.
Edgardo Casaña explicó que las recusaciones serán examinadas por un tribunal de alzada conforme a la ley. Silvia Bessy Ayala expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el expediente.
Los afectados y su partido han sostenido de manera reiterada que las actuaciones de la Comisión Permanente buscaron completar el escrutinio electoral y que exigir el conteo de votos no constituye delito.
Consideran el requerimiento fiscal como persecución política. Estas son sus opiniones y argumentos de defensa. El Ministerio Público mantiene sus acusaciones, que deberán ser probadas en juicio.
La continuidad del proceso depende de la resolución que emita la Corte de Apelaciones sobre las recusaciones. Si se rechazan, la jueza Ochoa podría continuar al frente del caso; si prosperan, corresponderá designar a otra autoridad judicial.
Mientras tanto, permanecen vigentes las órdenes de captura contra Redondo y Moncada. El expediente permanece bajo secretividad a solicitud del Ministerio Público para proteger las pruebas.
