TEGUCIGALPA, Honduras
La Cámara Legislativa aprobó este jueves un decreto de ley mediante el cual se crea un mecanismo temporal para la centralización de activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) como medida complementaria para el fortalecimiento de la administración financiera del Estado y la optimización de los recursos públicos.
El pleno del Legislativo respaldó así la propuesta enviada por el Ejecutivo, a través del secretario de la Presidencia, Juan Carlos García, mediante el oficio C123-2026 de fecha 28 de septiembre de 2026.
El decreto fue aprobado con la dispensa de un debate, a solicitud de la vicepresidenta del Congreso y diputada nacionalista por Ocotepeque, Tania Pinto.
La medida se enmarca en reformas a la Ley de Privación de Dominio que el Congreso Nacional aprobó recientemente para que las instituciones de seguridad y justicia reciban fondos y otros bienes incautados a organizaciones criminales, y que están a cargo de la Oabi, para reforzar la lucha contra la delincuencia.
La legisladora explicó que el decreto crea un mecanismo legal que permitirá agilizar el uso de los fondos custodiados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y hacer el traspaso a los operadores de justicia: las secretarías de Defensa y de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia Oabi, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (NII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Pinto detalló además que todas las instituciones que recibirán dinero que haya sido incautado van a poder utilizar el mecanismo de contratación directa.
«Esto es para agilizar el proceso porque se tienen que hacer compras, se tienen que fortalecer esas instrucciones de investigación», expuso.
La legisladora refirió que este poder del Estado está tomando decisiones fuertes en el tema de seguridad, «pero para poder echar a andar esas reformas (al Código Penal y al Código Procesal Penal) que hemos aprobado se necesita fortalecer las instituciones, el Ministerio Público, Poder Judicial, los organismos de investigación», observó.
Las reformas a las que hizo mención la parlamentaria incluyen -además de la reciente Ley Especial para el Fortalecimiento del Marco Penal y Procesal en el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas- las que fortalecen las penas contra la extorsión y las que declararan a grupos delictivos, maras y pandillas como asociaciones terroristas.
En su conjunto, las reformas penales endurecen drásticamente los castigos y el régimen penitenciario y eliminan beneficios procesales para contener el crimen organizado.
El decreto establece en su artículo 1 que todos los bienes incautados que consistan en dinero en efectivo o cualquier otro producto financiero, incluyendo depósitos bancarios, títulos valores, rendimientos financieros e intereses bancarios, títulos de inversión o sus equivalentes en efectivo que se encuentren depositados, colocados o administrados en el sistema financiero nacional bajo custodia de la Oabi, serán traspasados de manera inmediata e íntegra a la CUT.
El artículo señala que dicho traspaso será efectivo, aun y cuando no exista sentencia firme que declare la privación definitiva del dominio o del decomiso, y que el mismo se realizará mediante transferencias bancarias u otros mecanismos electrónicos oficiales.
En tanto, el artículo 2 específica que la Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oabi y las instituciones financieras correspondientes, ejecutará el traspaso de los fondos en un plazo de 30 días después de la vigencia del decreto que contiene la ley para centralizar los fondos incautados.
Aclara además que los fondos que ingresen a la CUT, por vía de incautación, se mantendrán identificados, pues de acuerdo al articulado el Estado de Honduras garantiza la restitución íntegra a los particulares de los activos financieros traspasados, en un plazo de tres meses, en caso de que los organismos jurisdiccionales lo ordenen.
La diputada Pinto solicitó agregar un artículo donde se deja constancia de que las instituciones beneficiarias de los recursos incautados podrán aplicar, para la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios, el procedimiento sustitutivo de contratación, asumiendo estas las obligaciones y responsabilidades de la normativa de rendición de cuentas.
Para el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre) por Olancho Marco Ramiro Lobo, la intencionalidad del decreto es buena, pero pidió tener presente el principio de presunción de inocencia de las personas para disponer de sus bienes sin sentencia firme.
El diputado presidente, Tomás Zambrano, recordó que las reformas a la Ley de Privación de Dominio aprobadas por el Congreso, y ya publicadas en el Diario Oficial La Gaceta, dan instrucciones a Sefin de presentarse como aval cuando se transfieran los recursos incautados a Seguridad, Defensa, Corte Suprema de Justicia y las demás instituciones.
«Esa ya es ley, (mientras que) este decreto lo único que establece es el procedimiento de que el dinero incautado que no tenga sentencia condenatoria tiene que pasar a la CUT; Finanzas tendrá 30 días, dice este decreto, para trasladar el dinero a cada institución beneficiaria», explicó.
Zambrano agregó que la Sefin también otorga el aval para que, si hay sentencia definitiva a favor de los bienes, se les devuelvan los recursos con los intereses a los propietarios.
En tal sentido, resaltó el titular del Legislativo, no se atenta en contra el debido proceso, ni contra el estado de inocencia ni el derecho a la defensa de la población.
El decreto reitera que los fondos incautados a la empresa Koriun están exentos de la utilización anticipada de dinero.
