TEGUCIGALPA, Honduras
La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, pidió al Ejecutivo la necesidad de una estrategia integral de seguridad para enfrentar la delincuencia organizada en el país.
Según el planteamiento, las capturas de integrantes de grupos criminales y el endurecimiento de las penas no son suficientes por sí solos para desarticular estas organizaciones.
Se señala que en Honduras operan más de 150 estructuras criminales, entre maras, pandillas, bandas delictivas y grupos vinculados al narcotráfico, las cuales ejercen control territorial en distintas comunidades y generan problemas como la extorsión y las amenazas.
El Observatorio sostiene que una estrategia efectiva debe incluir el ataque a las economías ilícitas que sostienen a estas redes, tales como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de activos.
Para ello, recomienda fortalecer la persecución financiera, investigar el patrimonio de los sospechosos, rastrear bienes de origen ilícito y mejorar la coordinación entre instituciones de seguridad, inteligencia y justicia, con el respaldo de pruebas sólidas en los procesos judiciales.
Asimismo, advierte que las capturas deben ir acompañadas de la recuperación de los territorios controlados por estos grupos, a fin de evitar que otras estructuras ocupen los espacios vacíos.
Se destaca el riesgo de infiltración del crimen organizado en instituciones del Estado y en sectores económicos, lo que requiere controles más rigurosos sobre los flujos financieros.
El planteamiento enfatiza que estas acciones deben desarrollarse dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos humanos, para prevenir detenciones arbitrarias y proteger tanto a la población como a las garantías de las personas involucradas en los procesos.
En conjunto, se propone una política de seguridad que combine prevención, investigación criminal y financiera, persecución de las estructuras delictivas y fortalecimiento institucional, con el objetivo de recuperar la tranquilidad ciudadana y permitir el libre desplazamiento de la población en sus comunidades.
