TEGUCIGALPA, Honduras
Un juzgado especializado en delincuencia organizada y corrupción ordenó suspender por cinco días la orden de captura y la alerta internacional que pesaban contra Juan Ramón Molina Rodríguez, quien fuera coordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
La medida, emitida a inicios de noviembre de 2026, busca darle la oportunidad de presentarse voluntariamente ante las autoridades hondureñas para enfrentar las acusaciones que le formula el Ministerio Público.
Molina Rodríguez está señalado por los delitos de fraude, abuso de autoridad y lavado de activos. Según las investigaciones fiscales, participó en irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de cientos de miles de tarjetas de plástico destinadas a la emisión de licencias de conducir.
El contrato se otorgó a una empresa que, de acuerdo con el expediente, tenía apenas meses de constituida; se desembolsaron alrededor de 18.5 millones de lempiras, pero no se recibió la cantidad completa de tarjetas contratada.
Las autoridades aseguran que el exfuncionario tenía impedimentos legales para contratar con el Estado por el cargo que ocupaba.
Este proceso en Honduras se suma a otro que ya enfrentó en EE.UU. Allí, Molina Rodríguez fue detenido en Houston, en octubre de 2023, y acusado de recibir sobornos y participar en un esquema de lavado de dinero entre 2015 y 2019.
Según la justicia estadounidense, recibió pagos de ejecutivos de una empresa con sede en Georgia a cambio de favorecer contratos millonarios para el suministro de uniformes policiales a la Policía Nacional de Honduras. Se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
El 4 de diciembre de 2025, una jueza federal en Miami lo condenó a 30 meses de prisión, estructurados en 13 meses bajo custodia federal y 17 meses de arresto domiciliario como parte de la libertad supervisada.
La sentencia contemplaba además su entrega a las autoridades migratorias para un eventual proceso de deportación. En marzo de 2026, la misma corte autorizó la devolución de su pasaporte.
La suspensión temporal en Honduras no elimina los cargos ni cierra la investigación local; simplemente abre una ventana breve para que el exfuncionario pueda comparecer y ejercer su defensa en el país.
Al vencer el plazo de cinco días sin que se presentara, la orden volvió a tener vigencia, aunque su defensa solicitó una ampliación del plazo que el juzgado aún analiza.
