TEGUCIGALPA, Honduras
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por posibles riesgos para los DDHH derivados de las reformas penales aprobadas mediante los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026.
Estas medidas forman parte de la estrategia estatal contra el crimen, las maras, las pandillas y estructuras calificadas como terroristas, y se centran especialmente en el delito de asociación terrorista.
La OACNUDH reconoció los desafíos que enfrenta el país en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada, así como la obligación del Estado de proteger a la población y garantizar justicia a las víctimas.
No obstante, advirtió que las disposiciones deben aplicarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos. Entre los aspectos señalados se encuentran la ampliación del tipo penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, su consideración como delito permanente con flagrancia continua y la posibilidad de acreditarlo mediante tatuajes u otros indicios externos.
Según la oficina, esto podría afectar principios como la legalidad, la responsabilidad penal individual, la presunción de inocencia y la libertad personal, al sustentarse de manera predominante en características físicas o de perfilamiento.
Asimismo, observó sobre la autorización de allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior, lo que podría debilitar las salvaguardas contra actuaciones arbitrarias y afectar la inviolabilidad del domicilio.
También advirtió sobre la aplicación obligatoria de la prisión preventiva en régimen de máxima seguridad y sin revisión judicial individualizada, lo cual, a juicio de la oficina, contraviene el carácter excepcional de esa medida, adelanta efectos punitivos sin sentencia y reduce la independencia judicial.
La extensión a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante un juez, que incrementaría el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos o situaciones que faciliten desapariciones forzadas.
En conjunto, la OACNUDH observó que las medidas incorporan restricciones excepcionales a derechos fundamentales que se asemejan a facultades de un estado de excepción, sin que medie una declaratoria formal. También advirtió posibles impactos desproporcionados en grupos vulnerables, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, y riesgos de criminalización en contextos de protesta o defensa de derechos.
Entre sus recomendaciones figuran reformar la legislación para alinearla con estándares internacionales, implementar un Registro Central de Personas Detenidas de acceso público, fortalecer la supervisión del Ministerio Público, la Defensa Pública y las capacidades de entidades como el Conadeh y el Conaprev.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, respondió al comunicado indicando que el Legislativo lo recibe con respeto y analizará las recomendaciones con apertura, acogiendo aquellas que contribuyan al combate del terrorismo, el crimen y la delincuencia común.
Coincidió en que el Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas.
Defendió que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, al tiempo que privilegian a las personas honradas que trabajan y no delinquen, así como a las víctimas y a los grupos más vulnerables.
Señaló que el propósito, junto con el Gobierno, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han afectado barrios, colonias y comunidades, privando a las familias de vivir y trabajar en paz.
