TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional permanece a la espera de las propuestas formales que prepara el Cohep, para reformar la Ley de Empleo a Tiempo Parcial.
La normativa, aprobada en marzo de 2026, buscaba ofrecer mayor flexibilidad en las contrataciones y generar oportunidades laborales, especialmente para estudiantes, madres de familia y personas que necesitan ingresos complementarios.
Sin embargo, desde su entrada en vigor ha tenido un impacto limitado: apenas se han registrado unos 300 contratos bajo esta modalidad.
Representantes de la iniciativa privada han señalado que la ley, en su forma actual, presenta rigideces que dificultan su aplicación práctica.
Entre los puntos que han mencionado en declaraciones previas figuran el mínimo de horas semanales, trámites administrativos y ciertos aspectos que consideran desincentivan la contratación.
Por ello, Cohep prepara un conjunto de observaciones y modificaciones que planea presentar ante el Legislativo, con la intención de hacer la norma más operativa sin dejar de lado las obligaciones laborales, como las prestaciones de seguridad social, el RAP y el Infop.
El objetivo expresado es que la ley funcione de manera equilibrada tanto para quienes contratan como para quienes trabajan.
Por su parte, diputados de la Comisión de Trabajo y Asuntos Gremiales han manifestado disposición para analizar el documento una vez que llegue. La diputada Sara Zavala, por ejemplo, ha indicado que el Congreso está abierto a revisar las propuestas, socializarlas y, de ser viables, impulsarlas.
Al mismo tiempo, ha subrayado que cualquier cambio deberá preservar los derechos de los trabajadores y no convertir el empleo a tiempo parcial en un mecanismo que reduzca garantías.
La intención compartida es que las reformas, de aprobarse, puedan entrar en vigor a tiempo para la temporada navideña, cuando aumenta la demanda de personal temporal en comercios, servicios y otras actividades.
Hasta el momento, el Legislativo no conoce el contenido oficial de las propuestas. Una vez recibidas, se espera iniciar un proceso de diálogo que permita evaluar qué ajustes podrían facilitar nuevas contrataciones y formalizar empleos, manteniendo un equilibrio entre flexibilidad y protección laboral.
En ese marco, tanto la iniciativa privada como las autoridades legislativas coinciden en la necesidad de una norma que realmente opere y genere oportunidades concretas para las personas que buscan este tipo de trabajo.





